UPA-COAG pide una regulación, porque el “boom desmedido” desplaza a los agricultores y ganaderos
Zamora, con 3.223 hectáreas; Valladolid, con 2.433, y Palencia, con 2.206, se encuentran entre las provincias con mayor superficie fotovoltaica instalada en España, según la Alianza UPA-Coag, que trasladó que la energía fotovoltaica ocupará en breve 100.000 hectáreas cultivables en España. “La tecnología solar fotovoltaica registra máximos históricos de potencia instalada desde el año 2019”, destacó, para exigir una regulación, porque el “boom desmedido” desplaza a los agricultores y ganaderos.
En el año 2023, según los registros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la superficie de instalaciones fotovoltaicas alcanzó las 50.000 hectáreas. Además, se prevé un incremento de otras 50.000 hectáreas adicionales en un futuro inmediato debido a los proyectos en marcha para grandes instalaciones. Según este departamento, en enero de 2023 se evaluaron positivamente 132 proyectos fotovoltaicos de más de 50 MW (megavatios), que sumaban en conjunto 24.752 MW y que, de llevarse a cabo, ocuparían una superficie aproximada de 49.504 hectáreas. Es decir, se duplicaría la potencia y la superficie actual.
La matriz de cambio de uso del suelo para los años 2012 y 2022 nos permite conocer como el 93 por ciento de la superficie de las 23.095 nuevas hectáreas de paneles solares se localizan en terrenos agrarios, desplazando fundamentalmente a los cultivos de cereal, barbecho, girasol y olivar. Los datos de la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del MAPA, determina que todo este desplazamiento de uso de suelo agrario hacia uso energético afecta en un 82 por ciento a superficies de secano, un once por ciento de regadío, y tan sólo un 7 por ciento de uso forestal y no agrario. La Esyrce revela que casi la mitad de la superficie total de parques fotovoltaicos de España lo abarcan las comunidades autónomas de Castilla La Mancha y Extremadura.
El crecimiento de la superficie de los parques fotovoltaicos fue sostenido desde 2018, y en los últimos tres años el crecimiento anual supera el 20 por ciento. El crecimiento acumulado de la superficie entre 2016 y 2023 alcanza el 166 por ciento.
En abril de 2022, la Alianza UPA-COAG y Asaja, de manera conjunta, formalizaron una petición a todas las administraciones competentes (central, autonómica y locales) para la creación de una normativa específica que recoja la posibilidad de implantar placas solares o fotovoltaicas exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria, como son las zonas de monte bajo.
“La organización comprende y apoya la importancia de instalar infraestructuras de energías alternativas para avanzar y generar riqueza en la sociedad, pero éstas deben ser reguladas y limitadas, puesto que un boom desmedido por implantar energías limpias desplaza a los profesionales de la agricultura y la ganadería y puede poner en peligro la superficie destinada a la producción de alimentos”, resaltó.
El suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante en cualquier sociedad y debe ser preservado con medidas legislativas que regulen posibles situaciones de descontrol o masificación, según UPA-COAG.
En este sentido, lamentó la preocupante cantidad de proyectos de instalación de energías renovables en la región, con consecuencias como las expropiaciones forzosas en el sector agrario que ya se están viviendo en algunas zonas. “No obstante, la Alianza reitera su posición absolutamente favorable hacia la energía fotovoltaica, pero aboga por un reparto más ordenado de la inversión para que el campesino, y por tanto, el medio rural y la gente que lo habita, se puedan beneficiar de esta necesidad de instalar energía limpia”, recalcó, según informa Ical.
En este sentido, COAG y UPA proponen un modelo de desarrollo de la energía fotovoltaica que dinamice la instalación de autoconsumos y comunidades energéticas, sin olvidar de que el grueso del suministro energético, y por tanto de los ingresos que produce el sol, será aportado por la red general de distribución y transporte, por lo que resulta esencial que en ello puedan participar los pequeños proyectos sociales.
En su opinión, si se fomenta las instalaciones de menos de 5 MW se obtienen múltiples ventajas: técnicas, territoriales, medioambientales, paisajísticas, económicas y geopolíticas.
