García-Gallardo asegura que está en el pacto de Gobierno y las medidas se analizaron en el Consejo de Gobierno aunque no hubo un acuerdo formal
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, anunciaron hoy diez medidas que suponen la reducción de 20,3 millones de euros de las subvenciones a patronal y sindicatos en un ahorro que van a destinar a cursos de formación directos con las empresas y a “la emergencia social y económica” causada por la crisis.
Durante una rueda de prensa para exponer la acción de gobierno, García-Gallardo recordó que el acuerdo de gobierno con el Partido Popular recoge la supresión de gasto superfluo y reconoció que las medidas se trataron en el último Consejo de Gobierno, donde hubo acuerdo con la parte del PP, aunque no se tomó de manera “oficial ni solemne”.
El anuncio de estas medidas coincidió con la firma en Madrid del acuerdo para el mantenimiento del empleo en las plantas de Siro en Castilla y León, pero el vicepresidente de la Junta manifestó que es independiente dentro de la acción de gobierno y que se han presentado esta tarde porque se requería un estudio de la Consejería implicada.
“Es solo el principio”.
García-Gallardo manifestó que “es solo el principio” y argumentó que se trata de una mejor distribución del gasto público y de su utilidad para los ciudadanos en un momento de “emergencia social y económica”, pero, pese a no haber informado de las medidas a los agentes sociales, confió en que no se rompa el Diálogo Social que existe en Castilla y León desde hace dos décadas.
Fue el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones, quien detalló las diez medidas ya que afectan en esta ocasión a su departamento. En unos casos el recorte es del 50 por ciento de las ayudas y en otros se suprimen directamente.
Así, los casi cuatro millones de euros (3,9) que hasta ahora han recibido CCOO y UGT, en concreto 1,2 cada uno, y CEOE, 1,4, se quedan 1,9 millones, con la reducción del 50 por ciento, en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León.
Riesgos laborales
Las subvenciones directas para diálogo social (1,2 millones) y para prevención de riesgos laborales, otros 2,4 millones que también recibían CCOO, UGT y CEOE, se suprimen por completo. En concreto, la patronal recibía un millón y los sindicatos 681.000 euros cada uno para riesgos laborales. El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan, según Veganzones, esta misma función.
Por otro lado, se reducen a la mitad los 225.000 euros de subvenciones de promoción a organizaciones sindicales y empresariales y se eliminan en su totalidad las ayudas de 160.000 euros, a las cuatro cátedras universitarias relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.
Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo.
En concreto, 12 millones para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante. Casi 14 millones de euros con los ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral.
También, se suprimen subvenciones de actividades de promoción y empleo de 300.000 euros que recibían patronal y sindicatos y otros 964.450 euros de capacitación de la negociación colectiva.
Cursos de formación directos de empresas
Veganzones remarcó que el dinero ahorrado se destina a cursos de formación directos de empresas con compromiso de contratación, donde aseguró que existe una demanda importante de las compañías.
Por su parte, García-Gallardo manifestó que el ahorro de gasto superfluo figura en la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno con el PP y reiteró que todo el Consejo de Gobierno, incluido el presidente, estuvo conforme aunque no es un acuerdo formal del Gabinete.
