La polémica sobre el incumplimiento del contrato de la adjudicataria del Centro de Protección Animal centra el Pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Palencia, que rechaza municipalizar el servicio pero promete cambios
Los animales de la Protectora de Palencia no están bien atendidos: en ese aspecto, hay quórum entre los distintos grupos políticos. Pero dar con una solución es mucho más complejo. Así se ha visto en el Pleno del Ayuntamiento de Palencia este jueves, donde Izquierda Unida-Podemos y Vamos Palencia coincidían al presentar una moción muy similar, pero no conjunta. “No nos hemos puesto de acuerdo en relación a la posible municipalización del Centro de Protección de Animales”, admitía la edil de Vamos Palencia!, Maribel Contreras.
Así, tanto Rodrigo San Martín, de IU, como VP!, exponían argumentos similares a los que, minutos después, leería ante el pleno un voluntario de la protectora palentina, Víctor Rodríguez Calzada, y que el propio concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, admitía de principio a fin: la empresa adjudicataria del contrato de gestión de la protectora, Scooby, está incumpliendo sus obligaciones, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los animales.
“Y me refiero, entre otras cosas, al incumplimiento reiterado y flagrante del horario y calendario de apertura”, comenzaba enumerando este voluntario expulsado por la organización, según afirma, que detallaba también infracciones sobre vacunación, identificación y desparasitación de los animales, mantenimiento del centro, no hay programa de voluntariado tras la inspección del SEPRONA, problema preocupante con las adopciones”.
Tanto la moción de IU-Podemos como la de VP! recordaba que, según la Ley de Bienestar Animal, es el Ayuntamiento el que debe velar por la recogida de mascotas abandonadas, su custodia y cuidado y su entrega en adopción en condiciones seguras. Si bien Sonia Lalanda, de Vox, consideraba que los animales “no deben ser acreedores de derechos”, coincidía también, como el resto de los grupos y el propio equipo de gobierno, en que es preciso atajar “un problema que se viene denunciando al menos desde 2020”, según indicaba San Martín en su exposición. Y se denunciaba el hecho de que nunca se haya sancionado ni apercibido a la empresa por tener a los animales mal atendidos y no cumplir los requisitos de la adjudicación.
Pero el concejal de Medio Ambiente lo justificaba en una cuestión de organización interna. “No podemos basarnos en aquello que se dice, sino en informes técnicos”, y la realidad es que “hasta hace poco no ha habido veterinarios en la plantilla” municipal. Desde hace unos meses, la Concejalía ha contratado a dos “de manera temporal” con la intención de consolidar esas plazas en la próxima RPT y dotar su labor de presupuesto, para que puedan velar, entre otras cosas, por el cumplimiento del contrato con la adjudicataria, sin rescindir el contrato de manera inmediata, como pedía IU, para no dejar los animales desamparados.
Una solución consensuada
El concejal de Medio Ambiente agradeció la presencia en la sala de plenos de varias entidades y asociaciones relacionadas con el bienestar animal, “con quienes estamos manteniendo encuentros para armar el proyecto” que debe regir el futuro contrato para la gestión de la protectora palentina, una vez descartada la opción de su municipalización.
“Porque no es una decisión que debamos tomar a las bravas, ya que tiene repercusiones económicas”, apuntaba Antonio Casas. “Dicho esto, podemos hacernos preguntas: “¿Estamos contentos con la gestión? No, y así lo hemos expresado. ¿Es preciso imponer penalidades por incumplimiento del contrato? Por supuesto, y nuestro propósito es hacerlo y en ello están los servicios implicados: el trabajo técnico ya está en marcha. ¿Otra gestión de la protectora sería mejor? Sí, con más dedicación, humanidad, cariño a los animales y respeto. Respetar sus derechos y también a quienes desinteresadamente dedican tiempo a cuidar, pasear y atenderlos”. Y es que esa reforma del contrato “pondrá en el centro a la figura de los voluntarios”, además de poner en valor el trabajo técnico de los veterinarios, que serán los “responsables de informar, controlar y velar por el cumplimiento del contrato”.
Unos informes que ya están en proceso y en función de los cuales, afirma el edil responsable, “veremos si son suficientes para aplicar las penalidades que creemos que la empresa merece por su más que discutible gestión. Pero antes de rescindir, tenemos que buscar una alternativa que busque el bienestar de los animales”.
