Los hechos se remontan a las fiestas de San Antolín cuando la Subdelegación del Gobierno en Palencia no autorizó dos concentraciones de sindicatos y trabajadores de CTR por “alteraciones de orden público”
El sindicato UGT Palencia ha pedido tajantemente la dimisión del subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel, tras una sentencia del TSJ que respalda a los sindicatos en su denuncia sobre la vulneración del derecho de reunión durante las huelgas en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) en agosto. La resolución judicial, emitida el pasado viernes, considera “arbitraria” la decisión de la Subdelegación de prohibir dos concentraciones programadas durante las fiestas de San Antolín, en el marco del pregón literario y popular. Gorka López, secretario general de UGT Palencia, explicó que el informe de la Subdelegación alegaba que estas concentraciones podrían “deslucir las fiestas”, priorizando así los eventos organizados en lugar de los derechos de los trabajadores para expresar su descontento.
López calificó la decisión de “inadmisible” y enfatizó la relevancia de la sentencia para la protección de los derechos fundamentales. El secretario general argumentó que la justificación de la denegación era “frívola y peligrosa” para la ciudadanía de Palencia. “Para poder prohibir una concentración o restringir el derecho de reunión, no basta la
mera sospecha de que aquella produzca una alteración del orden público, sino que, quien
adopta esta decisión, debe poseer datos objetivos suficientes (…)”, añadió.
Por su parte, la secretaria general de CCOO en Palencia, Elena Villamediana, consideró el hecho como extremadamente grave y temió que pudiera sentar un precedente preocupante: “¿Qué habría pasado si no hubiéramos continuado con el contencioso? ¿Qué precedentes se habrían generado si no nos daban la razón?”, cuestionó, criticando además la falta de alternativas ofrecidas por la administración para llevar a cabo las manifestaciones.
CCOO Palencia dice quedarse al margen de la petición de dimisión del subdelegado del Gobierno
El conflicto en el CTR se desató en agosto, cuando los trabajadores, respaldados por UGT y CCOO, iniciaron una huelga para exigir mejoras salariales y la renovación de un convenio laboral que había expirado en diciembre de 2022. La Subdelegación del Gobierno prohibió las concentraciones que los sindicatos habían convocado para dar visibilidad a sus protestas, argumentando que podrían ‘alterar el orden público’ durante las fiestas de San Antolín.
López subrayó que “todas las concentraciones se habían desarrollado con total normalidad y en colaboración con las fuerzas de seguridad”. Por ello, UGT ha exigido la dimisión del subdelegado, argumentando que “alguien que debe garantizar estos derechos no puede permanecer en su cargo”. Además, el portavoz de UGT afirmó que Ángel Miguel es el máximo responsable, independientemente de quién esté gobernando en la diputación o en el ayuntamiento. Por su parte, CCOO Palencia, en voz de Villamediana, ha querido quedarse al margen de la petición de dimisión del subdelegado del Gobierno.
La sentencia ha sido recibida como una victoria por parte de las organizaciones sindicales, que continúan negociando el convenio colectivo con Acciona y el Consorcio Provincial de Residuos. Se espera que se cierre el nuevo acuerdo a finales de octubre.
