“Cuesta creer que una persona con la dilatada experiencia política en todas las administraciones como María José Ortega se haya podido convertir en una rehén del concejal de VOX”
Javier Moreno Lázaro, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Universidad de Valladolid
Las infraestructuras costeadas con dinero público han de atender a las necesidades colectivas y a la satisfacción del bien común. La alcaldesa de Aguilar de Campoo y senadora por Palencia, María José Ortega, ha quebrantado estos sacrosantos principios perseverando en la construcción de un campo de tiro en esa localidad, inútil costoso y prescindible. Y todo ello para cumplir con un pacto de gobierno suscrito con el concejal de VOX, Ramón Ortega, cuyo apoyo ha sido retribuido generosamente con la teniente de alcaldía que ostenta, compromiso del que debería olvidarse, siguiendo el consejo en este particular atribuido a Juan Vicente Herrera. Porque gastar el dinero del pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo constituye un ejercicio de despotismo más propio del chavismo populista que el mentado concejal dice denostar, que de una administración municipal democrática y plural.
Justamente una de las primeras anomalías de este proyecto descansa en su naturaleza pública. Resulta que a quien ve en cualquier intervención estatal un ejercicio del comunismo más nauseabundo, del cual él es un aguerrido enemigo, gastar 50.000 euros en un campo de tiro municipal administrado por el Ayuntamiento, le parece un ejercicio del más genuino liberalismo. Eso de disparar con pólvora del rey no lo es en absoluto. A mayor abundamiento, hacerlo a costa de otras instalaciones deportivas perentorias (como un campo de fútbol de hierba artificial tan demandado) o de mejoras en las que reclaman intervención por su estado de abandono es un desatino.
El dichoso campo de tiro se ubicaría, si el proyecto no decae, en un paraje rural, en el pago de Santa Catalina, el término de Grijera, en torno a 600 metros de las viviendas, lo que incumple de manera incontrovertible, se mire por donde se mire y se mida donde se mida, la normativa. El lugar escogido linda con el Camino Olvidado y dos yacimientos arqueológicos. A pesar de que se trata de un predio de valor ecológico reconocido y reforestado por la Unión Europea que exige celo en su preservación, el grupo de gobierno no ha presentado el preceptivo informe de impacto ambiental. Ni siquiera ha detallado cómo va a recoger los residuos. No sólo priva a los aguilarenses de un espacio de paseo y pone en riesgo al entorno natural, sino que compromete a las arcas municipales. Porque nada se ha dicho sobre el coste de mantenimiento de una instalación, no portátil para usar en ocasiones señaladas (como los disponibles en otros pueblos de la provincia), sino permanente. Pequeñas minucias para quien, henchido en su sinecura, se cree en posesión de la verdad y por encima, tanto de la ley como de diligencia exigible a un responsable político.
Justifica el entusiasta mentor de esta nueva instalación en su singularidad y demanda asegurada. Ni una cosa ni la otra es cierta. En Castilla y León en 2018 (último año con datos disponibles) se contaban 52 campos de tiro privados, a razón de 23 por cada millón de habitantes, frente a la media nacional de 16,5. Sólo en Palencia capital hay tres, tantos como en Cantabria. Conforme al número de licencias de tipo olímpico que figuran en el Anuario de Estadísticas Deportiva de 2023 corresponderían 25,4 practicantes federados de este deporte por campo de tiro, frente a la media nacional de 56. Es decir, aquí sobran. Sin más discusión. No en balde, atendiendo a los datos de la delegación palentina de la Federación de Tiro al Plato en Castilla y León, el número promedio de participantes en campeonatos en 2024 se ha cifrado en 22,8.
Nada tienen que ver estos guarismos con los que maneja el teniente de alcalde, cuyas estimaciones no quiero calificar por respeto a las honradas vendedoras de leche. De entrada, el campo de tiro al plato está pensado, no para uso y disfrute de los aguilarenses, sino como un instrumento de atracción de forasteros. Sostiene que su puesta en funcionamiento redimiría a la hostelería, un sector al que el Ayuntamiento martiriza con la reglamentación en materia de terrazas más restrictiva de la provincia, tasas elevadas y cortes de tráfico un día sí y al otro también a fin de celebrar eventos de interés cuestionable que maltratan a la Plaza de España. Porque, si hacemos caso a sus argumentaciones, no hay nada mejor para mejorar la puntería que tomarse un par de gin tonics y comerse unas rabas. Adicionalmente, estos tiradores van a atiborrarse de galletas en los puntos de venta de Aguilar porque en los anaqueles de los establecimientos de sus localidades de origen no hay, como tampoco, campos de tiro. Ese es el nivel del debate del asunto en cuestión.
Que el grupo de gobierno haya declarado de utilidad pública -al margen de los vicios formales de tal declaración y de la libérrima facultad que se ha atribuido en el particular- a una actividad de la que se van a beneficiar en promedio no más de tres decenas de personas es un insulto a la inteligencia, por no decir a la población. Y lo que es peor, constituye un gravísimo precedente, porque pone el espacio y los recursos del municipio a merced de caprichos como el que nos ocupa. De habilitarse el campo de tiro, se convertiría en una especie de ópera de Manaos, tanto más si prospera la normativa europea que restringe el uso de munición de plomo. En otras palabras, en el improbable caso de que comenzase a funcionar, cerraría de inmediato.
Esta iniciativa, como otras igual de pintorescas formuladas desde las elecciones de 2023, causan hilaridad y bochorno, por no hablar del nulo encaje que tiene en la voluntad de la alcaldesa de convertir Aguilar de Campoo en la capital cultural de la provincia. Pero, al margen del más que probable daño ambiental y al bolsillo de la ciudadanía, ha afectado ya muy seriamente a la democracia municipal, lo que no es cosa menor, debido a la controversia que ha suscitado y la respuesta dada por el grupo de gobierno. Si damos crédito a los afectados -y no hay mayor razón para no hacerlo- el teniente de alcalde habría tratado de persuadir (por decirlo suavemente) a los firmantes del manifiesto en contra del campo de tiro, algo de todo punto inaceptable, como lo es la inhibición de la alcaldesa ante esta conducta tan poco ejemplar. María José Ortega de quien me consta su más profunda convicción en los valores constitucionales, tolerando esta y otras acciones coercitivas y burlonas de su teniente de alcalde, no ha estado en la gestión de este asunto a la altura de la población de Aguilar de Campoo.
Porque la ciudadanía de la localidad, una vez más, ha demostrado su capacidad de movilización ante acciones que comprometen su bienestar, sin atender a convicciones políticas y sin más ánimo que luchar contra lo que ni es justo ni conviene. Rechazado su recurso de alzada, los contrarios al proyecto van a acudir al Contencioso. Tiene esta resolución de los aguilarenses una lectura épica; pero también triste. Porque no se trata de un Fuenteovejuna frente a un señor feudal tirano, sino ante el propio Ayuntamiento que habría de defenderlos. Un contradios. Van a hacer frente los querellantes a los gastos procesales mediante aportaciones voluntarias de los habitantes de la villa, quienes sea cual sea la sentencia, van a salir perdiendo. Si los tribunales fallan en su contra, porque pagan las costas; si es favor, lo deseable y más probable, pierden porque las paga el Ayuntamiento con sus impuestos.
La situación a la que ha llevado el desdichado campo de tiro no es sostenible, ni saludable para nadie. Ha de terminar por el bien de la convivencia en la villa y de los intereses de su población. Nada tiene que ver el posicionamiento ante esta obra municipal con ideologías y estrategias partidistas. Hablamos de entorno natural, patrimonio ambiental, calidad de vida. El grupo de gobierno ha recibo el mandato popular de cuidarlos, no ponerlos en riesgo.
Cuesta creer que una persona con la dilatada experiencia política en todas las administraciones como María José Ortega se haya podido convertir en una rehén del concejal de VOX. Se me figura todavía más inverosímil que, después de tantos años dedicada al servicio público, no haya sabido desarrollar su olfato y habilidad para tratar a visionarios de cortas miras, a quienes, amparados en un puñado de votos, quieren dejar su huella para la eternidad a costa de la voluntad mayoritaria. Tengo el pleno convencimiento de que no es así. Prescinda la alcaldesa del dichoso campo de tiro y dedíquese el teniente de alcalde a gozar serenamente de su canonjía evitando estridencias. Porque, de lo contrario, los platos rotos los va a pagar ella. Nunca mejor dicho.
