Ambas plataformas participaron en una concentración este martes ante las Cortes Regionales
Entre 150 y 200 personas de 19 plataformas y asociaciones de toda Castilla y León, entre ellos Stop Biogás Santillán y Stop Biogás Paredes, se congregaron el pasado martes 11 de febrero a las puertas de las Cortes Regionales en Valladolid para protestar contra la proliferación de macroplantas y macrogranjas en la comunidad. Unidos bajo la plataforma Stop Macroplantas y Macrogranjas Castilla y León, que agrupa a más de 35 colectivos, denunciaron el impacto de estas instalaciones en la salud, el medio ambiente y la vida rural.
En la manifestación estuvieron presentes la plataforma “Stop Biogás. Santillán no se vende”, así como miembros de “Stop Biogás Paredes” y otras localidades palentinas, como Torquemada, todas ellas unidas en su rechazo a la invasión de sus territorios por parte de estas infraestructuras industriales. Representantes de ambas plataformas accedieron al primer pleno de las Cortes de Castilla y León, donde el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones defendió la seguridad de estas plantas, asegurando que no representan riesgos para la población. Sus palabras fueron recibidas con indignación por los manifestantes, quienes fueron descalificados como “ignorantes” por defender su derecho a un aire limpio y una tierra libre de contaminación, aseguran en un comunicado.
Nueva manifestación el Día Mundial del Agua
Además, han convocado una manifestación masiva en Valladolid el próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para denunciar lo que consideran un expolio del medio rural en favor de grandes empresas energéticas. “No permitamos que nos contaminen en nombre de la ecología. Estas macroindustrias no son ‘bio’, ni sostenibles, ni parte de una economía circular. Son un negocio para unos pocos a costa de nuestro aire, nuestra tierra y nuestra dignidad”, subrayan desde la plataforma.
Una manifestación con la que exigirán la paralización inmediata de todos los proyectos de macroplantas y macrogranjas en la región; reformas legislativas que garanticen la participación real de los vecinos en decisiones que afecten a sus territorios y estudios ambientales y sociales independientes para evaluar el verdadero impacto de estas instalaciones.
En Santillán de la Vega
Según indican a través de un comunicado, en Santillán de la Vega, la empresa Genia Bioenergy, en colaboración estratégica con Repsol, planea la instalación de una planta de biometano con una capacidad de 170.000 Tm/año. El biometano producido será transportado en camiones cisterna hasta el gasoducto de Guardo, a 42 kilómetros de distancia. Esto supondrá un aumento masivo del tráfico de vehículos pesados en la Vega de Saldaña, con cientos de camiones de gran tonelaje circulando por carreteras comarcales, pueblos y caminos rurales.
Critican que el Ayuntamiento de Renedo de la Vega se refiera a esta planta de biogás como una “planta de tratamiento de residuos” en la documentación referente a la tramitación por parte de la empresa. “Este cambio de denominación no ha pasado desapercibido entre los vecinos y vecinas. Quizás sea una estrategia para confundir a los vecinos o, tal vez, una muestra de la claridad con la que se gestionan estos proyectos. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre una planta de biogás y una de tratamiento de residuos? Seguro que el Ayuntamiento de Renedo de la Vega lo tiene todo muy claro”.
Una planta de biogás se presenta como un sistema para generar energía a partir de residuos orgánicos, “pero en realidad, lo que se instala en muchas localidades no son más que industrias de residuos a gran escala. ¿Y qué sucede cuando la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y las empresas se dan cuenta de que la gente rechaza las plantas de biogás? Muy sencillo: les cambian el nombre a planta de tratamiento de residuos o planta de biofertilizantes”. Sin embargo, “el problema sigue siendo el mismo: grandes cantidades de residuos, olores insoportables y un impacto ambiental devastador”.
El caso de la planta que Genia Bioenergy quiere instalar en el páramo de Santillán, entre Lagunilla de la Vega, San Llorente del Páramo y Villamoronta, se ha convertido en un verdadero “esperpento administrativo digno de los mejores guiones de comedia”, tal y como expresan desde la plataforma, en relación a las irregularidades en la tramitación. Y critican que la corporación no parece “tener idea de qué están aprobando, o quizá prefieren jugar al cambiazo de nombres con la esperanza de que la población se despiste y deje de protestar”.
No al plan arrasador