En sus 500 propuestas a la ponencia y los estatutos abordan el reto demográfico, la cohesión territorial, la emergencia climática y los servicios públicos
Miembros del PSOE de Castilla y León cuestionan en sus enmiendas al nuevo ideario del partido la financiación singular de Cataluña y exigen una negociación multilateral para la reforma del actual sistema, al tiempo que reclaman que se tenga en cuenta la despoblación o el envejecimiento de algunos territorios en la prestación de servicios, así como impulsar el “país de los 30 minutos”.
Más de 500 propuestas de la Comunidad a la Ponencia Marco y los estatutos se debatirán en el 41 Congreso Federal de Sevilla, que se celebra del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la capital andaluza. De acuerdo a la memoria, consultada por Ical, un gran número reivindica un nuevo modelo de financiación autonómica y una de León -unificada con otra de Teruel- rechaza de forma explícita el principio de ordinalidad y la singularidad pactada por los socialistas catalanes y ERC para la investidura de Salvador Illa. “La pretensión de que puede ser beneficioso para todas las partes no es verosímil”, señala.
Asimismo, desde varias provincias, los militantes socialistas exigen que las negociaciones se desarrollen en un marco multilateral, así como que se sustituya el criterio de población ajustada por el de coste real de los servicios en zonas despobladas o envejecidas. También plantean avanzar hacia una “verdadera corresponsabilidad fiscal” y frenar el ‘dumping’ entre autonomías, además de la creación de un fondo autonómico de reindustrialización.
Desde Burgos se hace autocrítica por la existencia de nuevos hechos que obligan a modificar el sistema de financiación para corregir posibles “desigualdades”. No se olvidan tampoco los socialistas de Castilla y León de la financiación local, que piden “modernizar” para que no se base sólo en el criterio de la población.
Otro de los ejes de la militancia de Castilla y León es la lucha contra la despoblación, así como la cohesión y el equilibrio territorial. En este apartado, las enmiendas inciden en el impulso de un “país de 30 minutos” en el acceso a los servicios públicos, así como en los planes de repoblación y para la descentralización de organismos. Además, plantean extender a comarcas o municipios las ayudas al funcionamiento concedidas a Soria, Cuenca o Teruel e implantar la figura del doble empadronamiento para la población flotante que vive en el medio rural.
Precisamente en la memoria de enmiendas, ya remitidas a los delegados que acuden a la cita de Sevilla, figuran las dos aceptadas en León sobre la demanda de una autonomía para León en respuesta a la situación en la que se encuentra la provincia, que además no cierra las puertas a la incorporación de Zamora y Salamanca a la nueva comunidad que considera que la izquierda debe apoyar. También, se pide protección para lenguas como el asturleonés (y dialectos propios como el ‘patsuezu’).
Servicios y medio ambiente
Respecto a la emergencia climática, los socialistas castellanos y leoneses piden “medidas ambiciosas, eficaces y coordinadas de prevención y mitigación de sus consecuencias”, incluso más allá del cumplimiento legal de las competencias de cada administración, así como un fondo de resiliencia para la “justicia climática”. También plantean un sistema de pagos por servicios ambientales enfocado a fomentar una mejor gestión de las masas forestales que evite los incendios.
En cuanto a los grandes servicios públicos, desde Zamora plantean que el PSOE lidere un plan en materia sanitaria para zonas de difícil cobertura, que facilite la llegada de profesionales, así como acuerdos que mejoren la coordinación transfronteriza. También se propone mejorar la dotación presupuestaria de la salud pública y un plan de prevención y detección temprana de problemas de salud mental en colegios e institutos.
Finalmente, los socialistas alertan de las trabas que se han puesto al acceso al aborto en algunas comunidades, como Castilla y León, y piden que se garantice que en todas las provincias haya un mínimo de ginecólogos en los centros públicos que eviten a las mujeres tener que desplazarse para interrumpir su embarazo.
