El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de Palencia a pagar 25 millones de euros a la Diputación Provincial por el conflicto que colea desde el año 2010 de la calle Jardines.
La sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos 30 días, algo que están estudiando los servicios jurídicos del Consistorio palentino según ha comunicado este miércoles el alcalde, Mario Simón, informa EP.
Simón ha comparecido junto a la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, para trasladar a los medios de comunicación el fallo del TSJCyL, después de que el pasado mes de diciembre ambas instituciones retomaran el procedimiento jurídico.
Así, la sentencia ha ratificado las obligaciones que asumieron las dos instituciones en el convenio del 1 de octubre de 2010 que establecía el pago del Ayuntamiento de Palencia a favor de la Diputación, ha trasladado Armisén.
La presidenta ha manifestado la voluntad de la Institución Provincial para resolver este conflicto y su disposición de dar “todas las facilidades” para que el cumplimiento y la finalización de este convenio y de la gestión del mismo se haga con todas las facilidades y con “el menor impacto posible para el Ayuntamiento” trabajando en favor de todos los ciudadanos.
Por su parte, el alcalde de Palencia ha reiterado la existencia de la voluntad de acuerdo y que en el momento en que la sentencia sea firme ambas instituciones buscarán “la mejor solución” para servir a los ciudadanos con la mejor predisposición y dar cumplimiento a la sentencia, informa Europa Press.
De no cambiar las cosas, el Consistorio tendría que abonar a la Institución Provincial 25 millones de euros, que no tendría que ser en metálico, puesto que como ha apuntado Ángeles Armisén el convenio recogía “cualquier forma de compensación”.
Lo que sí ha dejado claro Simón es que este conflicto se va a resolver “con todas las garantías” en esta legislatura y de la manera “más beneficiosa” para ambas instituciones y los ciudadanos.
