Editorial de noviembre de 2024
Política aparte, si bien es cierto que con los permisos de paternidad se había conseguido una mayor igualdad y protección de la mujer en el mundo laboral, la nueva ley decretada en septiembre de 2023 ha sido un claro retroceso, por no decir un atropello para las pequeñas empresas, que somos la mayoría en este país.
Hasta septiembre de 2023, las empresas podían beneficiarse de una bonificación del 100% en los seguros sociales de los trabajadores en baja por maternidad o paternidad, algo que facilitaba, al menos en parte, la sustitución temporal del personal en pequeños negocios o en zonas donde es más difícil encontrar personal cualificado.
Ahora esa bonificación ha sido reemplazada por una “supuesta” cantidad fija de 366€ mensuales, un monto claramente insuficiente para cubrir los costes reales. Digo “supuesta” porque para poder acogerte a esos insuficientes 366€ fijos mensuales, tienes que contratar alguien inscrito en el Paro y, atentos, que sea menor de 30 años, algo muy difícil si necesitas personal cualificado y con sobrada experiencia. Aparte, debes tener un plan de igualdad en la empresa, que la persona contratada no sea familia directa, estar al día con la administración, etc.
Como resultado, muchas pequeñas empresas se verán obligadas a asumir el grueso de los gastos de Seguridad Social de los trabajadores en baja y de sus posibles sustitutos, lo que supone una carga excesiva.
Este cambio es especialmente dañino para las áreas rurales de la España del interior, donde las oportunidades de negocio y de capital humano son más limitadas. Si las pequeñas empresas ya se enfrentan a dificultades para mantenerse a flote en estos territorios, esta nueva normativa sólo agrava su situación. Las bonificaciones insuficientes y las estrictas condiciones para contratar a personal interino, limitan aún más las posibilidades de encontrar sustitutos para los trabajadores en baja.
Es importante señalar que la normativa también incluye los permisos de paternidad, lo que, en teoría, debería avanzar hacia una mayor igualdad de género y corresponsabilidad en el hogar. Sin embargo, el resultado práctico es que las empresas, especialmente las más pequeñas, asumen ahora unos costes que anteriormente cubría el Estado. Esto puede generar una resistencia empresarial a contratar tanto a hombres como a mujeres en edad fértil o con intención de formar una familia, ya que las bajas, que antes estaban totalmente bonificadas, ahora suponen un coste financiero directo para la empresa.
Curiosamente, esta nueva medida ha sido implementada sin generar un debate público significativo. Yo me he enterado porque una compañera está próxima a dar a luz y estoy sufriendo de primera mano este RD8/2023. Ni los sindicatos -algo de esperar-, ni las patronales y asociaciones empresariales han protestado de manera contundente contra una normativa que claramente desfavorece a las Pymes. Este silencio es alarmante, especialmente considerando que muchas de las empresas afectadas son las que mantienen vivo el tejido económico en las zonas rurales. La falta de una respuesta firme por parte de los principales actores sociales y empresariales refleja, en cierto modo, la desconexión entre los problemas reales de los pequeños empresarios y los discursos generales sobre el crecimiento económico y la igualdad laboral.
Así, este decreto no solo falla en promover el equilibrio entre vida laboral y familiar, sino que también amenaza con erosionar aún más el frágil tejido empresarial de las zonas más despobladas del país, contribuyendo al círculo vicioso de la despoblación. Es urgente que se reconsidere esta normativa y que tanto el Gobierno como las organizaciones empresariales y sindicales asuman su responsabilidad, abriendo un debate real sobre el impacto que estas medidas tendrán a largo plazo en la estructura económica y demográfica del país.
Claramente esta nueva normativa pasa por imperativo legal los costes que antes asumía el Estado hacia los empresarios, quienes ahora se ven obligados a cubrir las bajas por maternidad y paternidad de sus empleados con una bonificación muy limitada o nula.
