La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; y el concejal de Obras y Urbanismo, Álvaro Bilbao, informan sobre diversos temas relacionados con las obras de ADIF. / Brágimo (ICAL)

El Equipo de Gobierno carga contra Izquierda Unida por asegurar que parar esa obra es solo voluntad política

El Ayuntamiento de Palencia se enfrentaría a una sanción de hasta 24 millones de euros si se negara o entorpeciera la ejecución de la modificación del trazado del colector del Camino Viejo de Husillos, como le ha solicitado Lantania y Adif Alta Velocidad con el fin de ejecutar la obra del salto de carnero.

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El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha explicado en rueda de prensa, así como a los vecinos de la zona que han acudido al Ayuntamiento esta tarde que “la Ley del Sector Ferroviario dispone que los titulares de bienes o instalaciones para la prestación de servicios de interés general que impidan o entorpezcan significativamente la ejecución de estas obras están obligados a su retirada o modificación total y efectiva en el plazo máximo de seis meses a partir de la solicitud del administrador de infraestructuras ferroviarias. Alternativamente, durante el plazo de dos meses desde dicha solicitud, el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá convenir con los titulares de bienes o instalaciones afectadas que las actuaciones necesarias las lleve a cabo dicho administrador de infraestructuras ferroviarias”.  Esto es, que si accede durante los primeros 2 meses, será el Administrador quien corra con los gastos de colocar todo listo para ejecutar la obra ferroviaria.

Eso sí, “si la inactividad o tardanza en la retirada o modificación impidiesen el inicio o la continuidad de las obras de infraestructuras ferroviarias que los afecten, el requerimiento efectuado tendrá los efectos de resolución administrativa del administrador de infraestructuras notificada a los efectos de imposición de multas coercitivas, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El importe de dichas multas será del diez por ciento del presupuesto de licitación de las unidades de obra afectadas, pudiéndose imponer con periodicidad mensual hasta un máximo de diez”. Es por ello que Bilbao señaló que, en una obra adjudicada por “24 millones de euros, al Ayuntamiento de Palencia le podrían imponer 10 multas de 2,4 millones de euros”.

En todo caso, esto no impediría la ejecución de la obra de modificación del colector origen de todos los problemas que están sufriendo los vecinos de esta zona de la ciudad, dado que dicha ley también establece que si el Ayuntamiento no ejecuta la obra o llega a un acuerdo con Adif “el administrador de infraestructuras ferroviarias podrá proceder de forma subsidiaria a la realización de las modificaciones de servicios, bienes o instalaciones afectadas, con independencia de las responsabilidades civiles por perjuicios y sobrecostes de la obra y de la imposición, en su caso, de las multas coercitivas a que hubiera lugar”.

“Incompetencia o mala fe”

Con esto, el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, calificaron de “incompetencia” o de “mala fe”, las palabras de esta mañana del portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Palencia, Rodrigo San Martín “que ha asegurado que la decisión de parar las obras del colector era voluntad política y que si ellos gobernaban, el colector no se movería. No sé si esto es incompetencia o mala fe. Pero si quiere decir que si ellos gobernaran asumirían que el Ayuntamiento tuviera que pagar una multa de 24 millones de euros, me replantearía si el portavoz de IU tiene la competencia suficiente como para gobernar el Ayuntamiento”.

Algo que sazonó la alcaldesa al afirmar que esas afirmaciones las realizó “sin decir a los vecinos la verdad y al riesgo al que se somete a las arcas municipales por parar una obra legalmente adjudicada. Es de una irresponsabilidad absoluta”, concluyó Andrés.

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