El pasado año, el Consistorio palentino emitió multas que restaron 15.069 puntos, 18,2 por ciento de los 82.611 ‘perdidos’ en las capitales de Castilla y León
Los ayuntamientos de las capitales de provincia de Castilla y León tramitaron el pasado año 22.622 multas de tráfico que conllevaron la pérdida de 82.611 puntos del carné de conducir. Estas denuncias se concentraron de forma especial en Burgos, Valladolid y Palencia, ya que entre las tres ciudades suman el 82,1 por ciento de las denuncias y el 83,4 por ciento de los puntos retirados.
En cabeza, según los datos de la Dirección General de Tráfico a los que ha tenido acceso Ical, aparece Burgos con 8.563 sanciones y la pérdida de 32.859 puntos, el 39,7 por ciento del total de los puntos. Por detrás aparece Valladolid con 5.894 denuncias y 20.993 puntos (24,4 por ciento) y tercera posición Palencia, con 4.129 multas y 15.069 puntos (18,2 por ciento) perdidos por los conductores por infringir ciertos preceptos sobre la regulación del tráfico.
En el extremo opuesto se encuentra Soria, donde la Policía Local impuso 375 sanciones que supusieron la pérdida de 1.518 puntos, y Zamora, con 457 multas (-1.644 puntos). En León las sanciones ascendieron a 912 (-2.692 puntos); en Segovia fueron 781 (-2.857); en Salamanca, 757 (-2.249) y en Ávila, 754 (-2.730).
A nivel nacional, durante el pasado año, las ciudades españolas impusieron sanciones a 431.620 conductores, resultando en la pérdida de 1,6 millones de puntos. Madrid encabezó esta lista al retirar 412.000 puntos, representando el 25 por ciento del total nacional. La capital también lideró en multas, con un total de 107.500, superando significativamente a Barcelona, que registró 20.153. Valencia y Zaragoza ocuparon el tercer y cuarto lugar en la retirada de puntos, con 9.828 y 9.444 multas, respectivamente.
En el caso de Castilla y León, la mayor parte de las infracciones que han supuesto la pérdida del puntos, 12.637 -el 55,8 por ciento del total- se producen por los denominados ‘foto rojo’, las cámaras que se instalan juntos a los semáforos con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la detención de los vehículos. La instalación de estos controvertidos sistemas es la principal razón que marca las diferencias entre ciudades.
Tras el ‘foto rojo’, el exceso de velocidad se convierte en la segunda infracción con 5.605 denuncias (24,7 por ciento), por delante de los positivos de alcohol, con 1.085 (4,7 por ciento); la no utilización del casco, el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, con 890 (3,9 por ciento); el uso del teléfono móvil, con 865 (3,8 por ciento) y los positivos por drogas, con 109 (0,4 por ciento).
Denuncia
Además de denunciar que la falta de premura de los ayuntamientos a la hora de comunicar las sanciones a Tráfico crea “inseguridad jurídica” a los conductores, desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se denuncia que los sistemas ‘foto rojo’ provoca que no exista una relación evidente entre la población de los municipios o el número de conductores con el número de sanciones con detracción de puntos.
Para el presidente de este asociación de conductores, Mario Arnaldo, los sistemas ‘foto rojo’ no tienen “nada que ver” con la seguridad vial y solo son “cajas registradoras” de los ayuntamientos, hasta el punto que hay empresas privadas que ofertan a los consistorios la instalación de estos dispositivos a cambio de una comisión.
Por otra parte, además de recalcar que ya son muchas las sentencias que anulan las denuncias impuestas por estos sistemas, Arnaldo también sostiene que aunque la normativa establece que las sanciones graves y muy graves y la detracción de puntos deberán ser comunicadas a la DGT en el plazo de 15 días naturales en la práctica no siempre es así. “En España hay 8.000 ayuntamientos y la mayoría no comunica las sanciones a la DGT en el plazo estipulado. La aplicación del permiso por puntos en el ámbito urbano se está realizando en nuestro país de forma arbitraria y caprichosa”, sentenció.
El carnet por puntos se implantó en España el 1 de julio de 2006. Desde su entrada en vigor, más de 10 millones de conductores han perdido algún punto y más de 300.000 se han quedado sin licencia al agotar la totalidad del crédito.
