R. Travesí / ICAL
Ocho de cada diez alumnos que requieren apoyo educativo están matriculados en un centro público de Castilla y León. Se trata de estudiantes con trastornos del aprendizaje y del desarrollo del lenguaje, en desventaja socioeducativa, desconocimiento de la lengua, integración tardía al sistema educativo español, retraso madurativo y altas capacidades intelectuales. En concreto, en el curso 2020-2021, había cerca de 20.000 alumnos en esta situación repartidos entre Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, de los que 16.049 estaban en un centro públicos y el resto, 3.873, en uno concertado o privado.
La LomLOE recoge que las administraciones educativas, como son las comunidades al tener transferida la competencia, dispondrán de los medios “necesarios” para que todo el alumnado alcance el “máximo” desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Por lo tanto, les corresponde “asegurar” los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales puedan alcanzar el “máximo” desarrollo posible de sus capacidades personales.
Son alumnos clasificados por tener trastornos del aprendizaje (6.987) y trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación (5.395), que son el número más elevado en la Comunidad. También está incluido el alumnado con una situación de desventaja socioeducativa (2.660), desconocimiento grave de la lengua de instrucción (1.800), integración tardía en el sistema educativo español (1.275), altas capacidades educativas (1.102) y retraso madurativo (703).
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación y Formación Profesional recogidos por la Agencia Ical, el mayor porcentaje de este tipo de estudiantes en los centros públicos se produce entre los que cuentan con un desconocimiento grave de la lengua de instrucción, con el 87,7 por ciento; los que tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje y comunicación, con el 86,8 por ciento, y con un retraso madurativo, con el 83,1 por ciento. En cambio, la diferencia por titularidad del centro se reduce en los alumnos con altas capacidades intelectuales (60 por ciento para los públicos y 40 para los concertados y privados). Además, el colegio público acoge al 79,3 por ciento de los alumnos con trastorno del aprendizaje va a un colegio público, al 78,6 por ciento con integración tardía y al 75,3 por ciento con desventaja socioeducativa.
Además, hay otros 8.006 alumnos que reciben una atención diferente a la ordinaria, ya sea por su discapacidad o por tener un trastorno del desarrollo o de conducta. En este caso, suponen el 69,2 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales en Castilla y León. En concreto, 5.541 están matriculados en centros públicos y el resto acude a un colegio concertado (2.374) y privado (91) , lo que supone el 30 por ciento.
Los más de 8.000 alumnos con necesidades educativas especiales de la Comunidad suponen el 2,4 por ciento del total de los estudiantes matriculados en el curso 2020-2021. La mayor parte de este alumnado acude a las etapas de Educación Primaria (3.674) y ESO (3.146). Hay un número testimonial en Infantil (464), Bachillerato (226), Formación Profesional Básica (363) y FP de Grado Medio y Superior (133).
El número se reparte, principalmente, entre los que tienen trastornos graves de conducta o personalidad (40,9 por ciento), discapacidad intelectual (21,8 por ciento), trastornos generalizados del desarrollo (13,9 por ciento) y discapacidad motora (13,6 por ciento). Los que tienen problemas auditivos (379), plurideficiencia (243) y discapacidad visual (154) son minoritarios. Dependiendo de la severidad del trastorno o discapacidad, se escolarizan en centros ordinarios o de educación especial.
