Los populares apuntan que se ha conseguido el IVA cero en donaciones de alimentos, flexibilizar la tarifa energética para el sector primario y recuperar la contratación temporal para aprovechar toda la cosecha
El Grupo Parlamentario Popular consigue que el dictamen aprobado por el Congreso sobre el proyecto de Ley de prevención del desperdicio alimentario incluya importantes logros para el sector agroalimentario, que además no tendrá que someterse “ni a más burocracia ni a más normas contradictorias”, como señaló en el Pleno la diputada palentina Milagros
Marcos.
La Cámara Baja sometió esta mañana a debate y votación el dictamen de Comisión al Proyecto de Ley, así como las enmiendas que los grupos mantuvieron vivas y los votos particulares presentados.
A resultas de las votaciones, y tras el rechazo por el Congreso de los votos particulares de PSOE y Sumar a enmiendas del PP aprobadas en Comisión, el texto que se remite al Senado incluye que se puedan volver a hacer contratos temporales para asegurar que se puede recoger la cosecha y no generar desperdicios.
Además, se podrán contratar dos tarifas energéticas diferentes en el año ya que la temporalidad de las cosechas hace que no necesiten pagar la tarifa máxima todo el ejercicio. Asimismo, las donaciones de alimentos no estarán sujetas a IVA, como establecía una norma de 2022 que el Gobierno se negaba a cumplir.
El Pleno aprobó además varias enmiendas que el PP mantuvo vivas durante el debate. Gracias a ellas, afirma el PP, “se consigue que se incorpore a la Ley que los agentes de la cadena alimentaria tendrán como primera obligación prevenir las pérdidas y desperdicio de alimentos, incorporando criterios racionales de producción, compra y gestión. También se incluye que las autoridades competentes puedan usar instrumentos económicos y medidas incentivadoras, en especial relacionadas con la garantía de los costes de producción, la innovación y la seguridad alimentaria en la donación de alimentos.
Además, los consumidores tendrán derecho a recibir información sobre todas las medidas adoptadas y sobre las condiciones de los alimentos recibidos como donación, se incide en la seguridad alimentaria y las administraciones públicas aplicarán normas que incentiven la implementación de las buenas prácticas previstas para reducir el desperdicio.
