El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos determinados artículos de la ley de Haciendas Locales sobre las plusvalías, que suponen para el Ayuntamiento de Palencia 700.000 euros en ingresos
El alcalde de Palencia, Mario Simón, recibe con preocupación la noticia de la declaración de inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley de Haciendas Locales por parte del Tribunal Constitucional, cuyo pleno se ha posicionado de esta manera ante el sistema de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor, conocido como plusvalía.
Un impuesto que para el Ayuntamiento de Palencia supone unos ingresos de unos 700.000 euros, según constaba en sus últimos presupuestos, de los que se han ejecutado hasta el momento aproximadamente la mitad. Mario Simón pide “prudencia” mientras los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento analizan en profundidad la sentencia, que todavía no ha sido publicada, aunque manifiesta “preocupación”, puesto que “se trata de una fuente de financiación importante para cuadrar los presupuestos de las entidades locales”.
Precisamente ayer tarde, la Comisión de Hacienda daba el visto bueno a las Ordenanzas Municipales para 2022, que se aprobarán en pleno extraordinario mañana jueves. Mario Simón garantiza que este documento no sufrirá variación alguna sobre lo acordado, ya que no se trata de compensar esta pérdida de ingresos con cargo a las tasas fijadas por otros servicios, sino que “se debe facilitar a las entidades locales, por parte de instancias superiores, esa financiación”.
Así pues, se suma a la petición que están formulando “muchos otros alcaldes, de todos los colores políticos”, de que “se realice esa compensación de esa vía de financiación a los Ayuntamientos” por parte del gobierno de la nación, ya que las entidades locales tienen “la obligación principal de garantizar los servicios públicos”, que podrían verse afectados por esa pérdida de ingresos, ya que “las entidades locales estamos infravaloradas económicamente”.
En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha señalado que está trabajando ya en un borrador legal “que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”, según ha declarado en un comunicado.
