La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León (PBPCyL)
ha convocado una concentración para este miércoles, 22 de septiembre, a las 11.30 horas, en la Plaza de las Cortes, en Valladolid, para exigir la aprobación de una Ley de Bomberos Profesionales.
Después del “desastroso incendio con origen en el municipio abulense de Navalacruz”, la organización convocante señala que “ha quedado, más que claro, con independencia de lo que digan los jueces, que las reglas del juego para la coordinación y la cooperación entre los distintos medios actuantes en el ámbito de las emergencias en general y en el de los incendios en particular han de estar claras, es decir, previstas y reguladas por una Ley en la que se ha de establecer también la obligatoriedad de disponer y entrenar procedimientos y/o protocolos específicos para ello”.
La plataforma, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que el último incendio en la provincia de Ávila, con cerca de 23.000 hectáreas afectadas, deja patente la necesidad urgente de regular, mediante una Ley Autonómica, los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) o lo que debieran ser cuerpos de bomberos.
Después de las últimas sentencias, que crean jurisprudencia en Castilla y León, la plataforma ve también claro que cualquier SPEIS, ya existente o de nueva creación, tiene que ser por gestión directa, prestada con el propio personal funcionario–no externalizado–de la administración competente.
Estos bomberos, en el ejercicio de sus funciones, serán agentes de autoridad de esa administración. “Hay que desmantelar los chiringuitos de falsos voluntarios fraudulentos para convertirlos en lo que deben ser servicios complementarios y que jamás sustituyan a los profesionales, como hacen ahora confundiendo y engañando a la población, y que actúen bajo la dirección y supervisión de éstos”, denuncia el colectivo convocante de la movilización.
Y es que, como así apostilla la plataforma, la ley de Bases de Régimen local deja muy claro que los cuerpos de bomberos (SPEIS) deben ser creados y sostenidos por las diputaciones provinciales, atendiendo las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes, o el propio municipio si supera ese número de habitantes.
En este sentido, exigen que el Gobierno autonómico asuma parte de la financiación para la creación y/o el mantenimiento de estos servicios, salvo que prefiera crear un SPEIS autonómico, “que también sería plausible y dentro de la legalidad”.
