Patricia Pérez, alcaldesa de Magaz de Pisuerga, ha leído el manifiesto por la igualdad de los españoles y en representación de todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas populares en la provincia palentina
Los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Palencia bajo las siglas del Partido Popular han rubricado hoy a las 12 horas el Manifiesto por la Igualdad de los españoles.
De forma simultánea en todas las capitales de provincia, los 3.361 alcaldes y alcaldesas del PP han firmado el texto propuesto en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde se viva y en libertad de las personas.
La presidenta provincial Ángeles Armisén ha destacado el papel fundamental de los regidores municipales por ser “los mejores embajadores de la alternativa a la mala política del Gobierno de España” al dirigirse a ellos como “los que levantan la voz frente a un gobierno de Sánchez empeñado en crear ciudadanos de primera y de segunda”.
A renglón seguido, Armisén ha asegurado que el manifiesto se está leyendo en todas y cada una de las 52 provincias del conjunto del país porque mientras el PP puede lanzar el mismo mensaje en todo el territorio “el PSOE trabaja en función de sus hipotecas con absolutamente todos los partidos independentistas”.
“Jamás pensamos que tendríamos que salir a la calle para defender algo tan obvio como nuestro modelo de convivencia. Jamás pensamos que ese ataque vendría del gobierno que tiene la obligación de defenderlo”, ha concluido Armisén.
MANIFIESTO
Patricia Pérez, alcaldesa de Magaz de Pisuerga, ha sido quién ha leído el Manifiesto en representación de todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas populares, cuya función es imprescindible para dar voz al silencio que guardan los alcaldes bajo las siglas del PSOE.
Denuncian que el Ejecutivo “no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento”.
Manifiestan su “profunda preocupación por la degradación institucional” que está viviendo España al considerar “que supone un flagrante deterioro” del Estado de derecho, “ataca los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de todos los niveles de administración del Estado, incluido el municipal”.
En el manifiesto los populares han reiterado su compromiso con la igualdad de todos los españoles y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, la cual aseguran “se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España”.
Los populares se oponen tajantemente a que la “extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central y el sentido del voto de los partidos que sustentan el Gobierno de coalición”.
Los populares denuncian que los servicios públicos y la igualdad de los españoles ante la ley “no puede ser moneda de cambio para blindar la presidencia de Pedro Sánchez”.
Expresan su rotundo rechazo a la Ley de Amnistía porque “es injusta e inmoral. Atenta contra la igualdad de todos los españoles que consagra nuestra Constitución y rompe el principio de separación de poderes al anular sentencias e investigaciones judiciales”.
Ante la “desolación que los acuerdos del PSOE y sus socios estén sirviendo para despenalizar delitos de malversación, contra la integridad territorial e incluso de terrorismo” los populares reclaman que no exista “terrorismo bueno y que todo acto terrorista sea investigado y condenado”.
Los populares consideran que modificar o derogar el Código Penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de “corrupción política” que perjudica la confianza en las instituciones y crea un “sentimiento de agravio e injusticia a la población que resulta insoportable”.
Además, aseguran que defienden la separación de poderes y la independencia judicial y rechazan tanto las decisiones que usurpan sus funciones como las declaraciones de representantes políticos, incluidos miembros del Gobierno de España, que están poniendo en cuestión y señalando a jueces por sus decisiones.
“Ni el Poder ejecutivo ni el legislativo pueden comprometer la actuación de los jueces ni ponerlos bajo sospecha, porque los jueces, como reza el artículo 117.1 de la Carta Magna, sólo están sometidos al imperio de la ley”, insisten.
Los alcaldes y alcaldesas palentinos solicitan al presidente Alberto Núñez Feijóo “que active todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas”.
“No podemos consentir que sigan jugando con los derechos y los recursos de todos los españoles”, concluye el texto del manifiesto.
