El Tarcyl suspende cautelarmente el proceso de contratación del servicio de ambulancias para toda Castilla y León, que contemplaba hasta 60 en la provincia, ocho más que ahora
La llegada de ocho ambulancias más a la provincia de Palencia, tres de ellas para traslados sanitarios de urgencia, tendrá que esperar. ¿Cuánto? Será el Tribunal Administrativo de Recursos de Castilla y León (TARCYL) quien lo decida. Si solo hasta que resuelva el recurso que se ha presentado contra el proceso de contratación, que se ha paralizado, o si tendrá que ser algo más, si finalmente no solo admite el recurso sino que además lo estima, lo que obligaría a la Consejería de Sanidad a volver a sacar a licitación un contrato multimillonario.
Con esas ocho ambulancias a mayores en la provincia de Palencia, el parque de las contratadas por la Junta de Castilla y León para realizar transporte sanitario en Palencia alcanzaría las 60, contando las de transporte de urgencia (UVI, SVAE y SVB) y las de transporte pautado.
En cualquier caso, como destacan desde la Junta de Castilla y León, esto no significa que no vayan a trasladarse a los pacientes, sino que no avanza el próximo contrato y el servicio se seguirá prestando como actualmente.
Paralización para su estudio.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) acordó suspender el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, y asume la cautelar que reclamó CGT hasta la resolución de su recurso frente a los pliegos de contratación, por su información “irreal”, con unos servicios que requerirían elevar “un tercio” las plantillas actuales.
Fuentes del departamento que dirige Alejandro Vázquez, consultadas por la Agencia Ical, indicaron que Tarcyl concede la medida solicitada por CGT, referido a la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre, “sin entrar a valorar el fondo, a la espera de una decisión futura sobre el asunto”.
Como en el reciente caso del TACRC en el contrato para la construcción del tramo Palencia-Palencia Norte del AVE a Cantabria, aquí el Tarcyl asegura en su resolución que “en el presente supuesto, una regla de prudencia aconseja que este Tribunal se pronuncie a favor de la suspensión del procedimiento”. “En efecto, la continuación del procedimiento produciría, de estimarse el recurso, un perjuicio no sólo a las empresas recurrentes, sino también a los licitadores que hayan podido concurrir a la licitación, así como al interés público, ya que la estimación del recurso conllevaría la retroacción del procedimiento con la consiguiente dilación en la contratación en cuestión”.
Se trata de un contrato con un valor, para toda la comunidad y durante cuatro años, de 475 millones de euros y que alcanza los 736 si se ejecutan las prórrogas de dos años más. En lo que se refiere al lote de Palencia, solo en el período de cuatro años, tendrá un coste de 4,4 millones de euros.
El recurso
El recurso que ha dado en la paralización cautelar del proceso de contratación fue presentado por CGT por las “irregularidades” que afectan a los trabajadores, en “aras de proteger los intereses públicos y privados” comprometidos en la convocatoria.
Tal y como recoge ICAL, el sindicato denunció que la previsión de dotación de personal del pliego “no es ajustada a real necesidad del servicio” cuando “se ha constatado que un importante volumen de la plantilla realiza un importante de exceso de jornada de forma estructural y que ha devenido en ilegal”. Al respecto, CGT insiste en que los pliegos deberían exigir el personal necesario que se ajuste a las horas contratadas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no a una práctica de “exceso de jornada legal”.
CGT también planteó la existencia de un número importante de pleitos pendientes sobre reclamaciones económicas de las plantillas, que “incide de forma directa en la subrogación del personal y la eventual responsabilidad económica de la adjudicataria entrante”.
Indefensión.
El sindicato sentencia en su demanda que desde el órgano de contratación se está facilitando “una información que no corresponde con la realidad social, generando una indefensión a las posibles empresas licitadoras así como a la plantilla actual”.
La organización sindical entiende que para el cumplimiento de los servicios debería incrementarse al menos en un tercio la plantilla actual que trabaja en la Comunidad.
CGT recordó además que el convenio colectivo impulsado por otras organizaciones está recurrido ante la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque “ha sido redactado en su totalidad para favorecer y dar herramientas a la parte empresarial” con una redacción “ambigua” que no cumple la normativa europea en materia de jornada, entre otras cuestiones como los EPIS o el tratamiento de estos empleados dentro del transporte y no como sanitarios
