Los partidos cumplen la normativa en su contabilidad electoral pero el Consejo de Cuentas pide cambios en la ley
Las ocho formaciones políticas que obtuvieron representación en las Cortes de Castilla y León en las pasadas elecciones autonómicas del 13 de febrero cumplen con la normativa en la contabilidad rendida ante el Consejo de Cuentas, institución que plantea al Parlamento autonómico una serie de modificaciones a la ley electoral, así como recomendaciones expresas a seis de los partidos.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León entregó este jueves en el Parlamento autonómico ocho informes sobre el “Examen de la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes de Castilla y León celebradas el 13 de febrero de 2022”, en una auditoría de mandato legal que analiza el cumplimiento de la normativa en ingresos y gastos electorales y la regularidad de cada una de las formaciones política.
En consecuencia, el Consejo de Cuentas declara que los gastos regulares justificados por las ocho formaciones políticas ascienden conjuntamente a 3.696.292,84 euros, de los cuales 2.610.919,64 son en concepto de gastos ordinarios y 1.085.373,20 en concepto de gastos por envíos directos de propaganda y publicidad electoral.
De este total de gasto electoral, el PP justifica, 1.139.990 euros; PSOE, 1.219.575; Vox, 704.596 euros; UPL, 86.568; Soria Ya, 32.644; Unidas Podemos, 176.290; Ciudadanos, 290.778; y Por Ávila, 45.852.
En opinión del órgano de fiscalización, la contabilidad electoral rendida por las formaciones políticas es representativa de los ingresos y gastos electorales declarados, por lo que se cumple la normativa electoral aplicable, tal y como se ha reflejado en los resultados de la fiscalización. De esa manera, afirma que no corresponde proponer la “no adjudicación o reducción” de la subvención electoral a recibir por cada formación.
La normativa autonómica prevé la concesión de subvenciones de 10.205 euros por escaño obtenido; 0,40 euros por cada voto conseguido por cada candidatura y y 0,19 euros por elector, por el envío directo de sobres y papeletas electorales o de propaganda electoral.
Así, la subvención total se eleva a 2.309.264 euros, de la que 731.126 corresponde al Partido Popular (31 escaños); 776.625 euros al PSOE (28 escaños); 429.475 a Vox (13 escaños); 86.568 a UPL (3 escaños); 32.644 euros a Soria Ya (3 escaños); 64.440 euros a Unidas Podemos (un escaño); 148.725 euros a Ciudadanos (un escaño) y 39.659 euros a Por Ávila (un escaño).
Cambios en la normativa electoral
El Consejo de Cuentas realiza una serie de recomendaciones a las Cortes de Castilla y León sobre la conveniencia de determinadas modificaciones en la normativa electoral de Castilla y León. Entre ellas que se detalle la documentación contable electoral a presentar por las formaciones políticas, con el fin de armonizar el contenido de las cuentas electorales a la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos.
Igualmente que se regule el sistema de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva que se ha utilizado por la formación política, sus especificidades, condiciones y requisitos para la obtención de recursos de financiación privada, y que no está expresamente contemplado en la legislación actual sobre financiación de los partidos políticos.
También que se defina con mayor detalle los gastos electorales regulados en el artículo 130 de la LOREG, de forma que en el actual contexto económico y social, así como en concordancia con el compromiso de reducción del gasto electoral previsto en la ley para limitar el gasto a los imprescindibles para realizar la campaña electoral.
Otra de las recomendaciones es que se determine de forma precisa los efectos derivados de incumplimientos de algunas obligaciones contempladas en la LOREG, como son las referidas a la de informar de los importes facturados superiores a 10.000 euros por parte de las empresas.
En concreto a PP y PSOE se les pide colaborar en mayor medida con el fin de que las empresas con las que contrata cumplan con su obligación de informar al Consejo de Cuentas sobre las facturaciones superiores a 10.000 euros. En una alegación, el PP afirma que ha colaborado para que las empresas informen al Consejo de Cuentas sobre dichas facturaciones a través de una carta en la que se indicó dicha obligación. En el caso del PSOE, refiere que el proveedor Servicios Audiovisuales Overon, que facturó 84.058 euros, no informó al órgano fiscalizador.
Por último, recomienda a PSOE, Vox y UPL que adapten su contabilidad al Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas en lo referido a la contabilización de los adelantos a percibir por los resultados electorales obtenidos. En el caso del PP, afirma que presenta una contabilidad adaptada a este plan pero debe desagregar la cuenta de arrendamientos de la actividad electoral.
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