El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo,saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al comienzo de un pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / ICAL

Se acogen al reglamento de funcionamiento del CPFF que prevé la reunión si lo solicita la tercera parte de los miembros

Servimedia / ICAL

Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular reclamaron este martes a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la convocatoria “inmediata” del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se abriera a conceder a Cataluña una “financiación singular”.

El PSCyL defiende que la financiación incorpore las “singularidades” de “todas” las comunidades y que no quiebre la igualdad

La petición se ha materializado a través de una carta. Los consejeros se acogen al reglamento de funcionamiento del CPFF, que recoge la posibilidad de que se convoque este órgano de coordinación si la petición reúne el apoyo de la tercera parte de los miembros.

Los gobiernos autonómicos dieron este paso después de que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, lo anunciara en rueda de prensa y advirtiera de que la financiación singular de Cataluña debe pasar por este órgano. “Este es el marco legal y lo demás, lo contrario, está condenado al fracaso”, advirtió esta misma tarde.

Además, en la misiva las comunidades del PP proponen a Montero el orden del día de la reunión, que prevé tratar la modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como la postura del Gobierno en cuanto a la financiación autonómica.

“El Partido Popular defiende que la reforma de la financiación autonómica siga los cauces legales y se negocie de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con datos, argumentos y sin privilegios para ningún territorio. De esta manera se posibilitará el mejor modelo para que los ciudadanos vean garantizada la igualdad en el acceso a los servicios públicos de manera independiente al lugar en el que vivan”, defendieron desde Génova.

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