Además, el centro penitenciario de Dueñas es el tercero con más incidentes de toda España
Las agresiones a funcionarios de prisiones en las cárceles de Castilla y León continúan en aumento, alcanzando el año pasado una cifra récord de 57 incidentes, lo que representa un incremento del 26,6 por ciento en comparación con 2022. Este aumento supera al registrado a nivel nacional, donde se contabilizaron 511 incidentes, reflejando una subida del 10,6 por ciento.
En particular, la prisión de La Moraleja, ubicada en Dueñas (Palencia), destaca como el centro penitenciario con mayor conflictividad en la región, con 20 agresiones registradas. De estas 13 fueron agresiones con lesiones leves y 7 agresiones sin lesiones.
A la de Palencia le sigue la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) con la mitad de los incidentes, ya que se registraron un total de diez, el centro penitenciario de la de Topas (Salamanca), que contabilizó nueve, la cárcel de Torredondo (Segovia) en la que se registraron el pasado año siete agresiones, cinco en Brieva (Ávila), tres en Burgos, dos en Valladolid y una en la cárcel de Soria.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, la cárcel de Dueñas se ha posicionado como la tercera con más incidentes en toda España, tras un aumento del 25 por ciento respecto a 2022, cuando se registraron 16 ataques. Si se tiene en cuenta el número de la población reclusa, Dueñas se sitúa en segunda posición con una tasa de 22,4 solo superada por la cárcel de Zuera (Zaragoza).
Francisco Herrero, responsable de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSIF en Castilla y León y trabajador en la prisión de Topas, atribuye este aumento de agresiones al intento de “humanizar” las cárceles y al “buenismo” en las relaciones entre funcionarios y reclusos. Según Herrero, este enfoque ha llevado a la imposición de sanciones más laxas a los internos que incumplen el régimen disciplinario.
Para revertir esta situación y reducir las agresiones a un nivel “razonable”, Herrero aboga por recuperar el “orden y control” en las prisiones. Esto implica dotar a los funcionarios de las herramientas adecuadas y restablecer la autoridad que, según él, se ha perdido. “En este clima de buenismo, parece que se busca facilitar la vida al reo a costa de enfrentarle contra el funcionario”, denunció Herrero.