El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para exponer un programa con 11 prioridades, 12 ejes de trabajo y 76 acciones en materia económica y de hacienda que la Junta va a desarrollar durante la XI legislatura. En su comparecencia ha ofrecido diálogo a todos los miembros de la Comisión de Economía y Hacienda para colaborar en la mejora del bienestar de los castellanos y leoneses.

Fernández Carriedo -que ha recordado que la situación económica de Castilla y León sigue condicionada por la evolución de la pandemia del coronavirus y el agravamiento de la crisis- ha destacado que la Comunidad ha resistido el impacto de la pandemia mejor que el conjunto de España. Así, ha recordado que en 2021 Castilla y León creció un 5,5 %, lo que supone haber recuperado un 64 % del PIB perdido y que se espera que en 2022 pueda estar entre las primeras Comunidades Autónomas que consigan recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda ha manifestado que el principal objetivo en esta nueva legislatura es recuperar cuanto antes los niveles de actividad previos a la pandemia y promover una transformación que coloque a los sectores productivos de Castilla y León en la senda del crecimiento sostenible, generando empleo de calidad.

Para ello, la Consejería que dirige Fernández Carriedo desarrollará políticas que impulsen la modernización y el fortalecimiento de la economía y del modelo productivo de Castilla y León a través de la sostenibilidad, la transformación empresarial, la internacionalización de los distintos sectores, una financiación adecuada y una política fiscal que favorezca el emprendimiento y la inversión.

11 grandes prioridades para la legislatura

En su comparecencia, el consejero de Economía y Hacienda ha expuesto las once grandes prioridades para Castilla y León en esta legislatura:

1. Exigir una profunda reforma del sistema de financiación autonómica, que cubra el coste real de la prestación de los servicios esenciales a las personas, vivan donde vivan.
2. Desarrollar una política fiscal inteligente y moderada, que nos permita crecer, y que apoye de manera especial a las familias y al mundo rural.
3. Aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los nuevos fondos europeos, para continuar promoviendo la cohesión y la recuperación económica, minimizando la crisis en términos de PIB y Empleo.
4. Consolidar una política presupuestaria que refuerce el liderazgo de la Comunidad en la prestación de servicios públicos, manteniendo un uso responsable de la deuda y el control del déficit público.
5. Promover la actividad económica, principalmente en áreas con especiales necesidades de reindustrialización, contribuyendo con ello a la cohesión entre los distintos territorios de la Comunidad.
6. Impulsar la modernización y el fortalecimiento del tejido empresarial, desde la sostenibilidad.
7. Apoyar la transformación digital de la economía y de la sociedad, generando un clima favorable a la inversión y el refuerzo de la competitividad de nuestros sectores productivos.
8. Ampliar los mercados exteriores a que tienen acceso nuestras empresas.
9. Facilitar una financiación suficiente y adecuada a las necesidades del crecimiento empresarial.
10. Consolidar el empuje de nuestro sector energético, impulsando la instalación de fuentes de generación de origen renovable, introduciendo nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética, y aprovechando racionalmente nuestros recursos minerales endógenos.
11. Avanzar en una administración más ágil y eficiente, con menos burocracia, para favorecer la actividad productiva, el emprendimiento, la confianza de los inversores y el crecimiento económico.

12 ejes de trabajo en materia económica y de hacienda pública

Para desarrollar estas 11 grandes prioridades, la Consejería de Economía y Hacienda desarrollará a lo largo de la legislatura 75 acciones, tanto en materia de Política Económica como de Hacienda Pública.

En este sentido, en materia económica, la política de la Junta se basa en el IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial, firmado por el presidente el pasado mes de octubre en el seno del Diálogo Social y que es el marco de la política de la Junta hasta 2027.

Así, para avanzar en la transformación productiva y el progreso económico de la Comunidad se necesita reforzar las políticas de competitividad e innovación y el acompañamiento a las empresas en los procesos de transición a una economía circular y digitalización. Estas políticas son:

1.- Fortalecer el tejido empresarial mediante el fomento del emprendimiento.

Para ello se aprobará una nueva Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León 2022-2027, que se sustentará en la Red de Emprendimiento e Innovación; se impulsarán los parques tecnológicos y la puesta disposición de suelo empresarial competitivo; y se apoyarán los proyectos de inversión promovidos por los ayuntamientos de Castilla y León.

2.- Apoyo a sectores productivos.

Se prestará apoyo a todos los sectores productivos, con especial atención al sector de la automoción, el aeronáutico, la agroalimentación, la ciberseguridad, la salud y calidad de vida, la energía o el sector TIC. Así, se impulsarán entre otros, una estrategia de difusión de las capacidades del sector de la automoción, la creación de un grupo de trabajo en materia de movilidad, así como el desarrollo del Plan del Habitat.

3.- Actuaciones vinculadas al sector energético.

La Junta continuará su estrategia de implantación de energías renovables, que han permitido situar a la Comunidad como líder nacional en generación de energía con renovables. Así, se incrementará la potencia de generación de eólica y fotovoltaica; se fomentará el autoconsumo; se creará un Fondo de inversión y participación autonómica, dotado con 15 millones de euros; se analizará el desarrollo de nueva normativa regulatoria en el ámbito eléctrico; y se aprobarán la Estrategia Térmica Renovable ETR2030 y la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León con horizonte 2030.

De igual modo, en el ámbito energético se fomentarán medidas de ahorro, eficiencia y aprovechamiento energético en la industria mediante ayudas a pymes; se creará el índice de eficiencia energética empresarial (IEEE) en Castilla y León.

Asimismo, en el ámbito de la minería se desarrollará un plan específico de acción para el sector de la pizarra; se aprobarán sendos Decretos de Minería y de Restauración de espacios afectados por la actividad minera; se potenciará la atracción de nuevas inversiones en investigación minera, mediante la activación de espacios registrables y mejorando la activación de los concursos mineros; y se desarrollará la restauración ambiental de zonas degradadas a causa de la minería del carbón afectada por la transición energética. Además se implementarán nuevos proyectos en las zonas de Transición Justa en las provincias de León y Palencia, con la movilización de fondos comunitarios por valor de 197 millones de euros, que la Comunidad Autónoma complementará con otros 85 millones adicionales.

4.- Innovación y digitalización al servicio de la transformación del tejido empresarial.

En los próximos años se desarrollará un programa de Compra Pública de Innovación; se potenciará el programa de innovación Wolaria y la Red Gestidi; y se impulsará el talento como factor de competitividad y de cohesión, aunando esfuerzos para conseguir una marca propia de Castilla y León-Calidad de Vida, territorio de talento y tierra de oportunidades.

Por otra parte, desde la Consejería de Economía y Hacienda se fortalecerán las Agrupaciones Empresariales de Innovación y se promoverá la constitución del clúster de hidrógeno H2-CyL. De igual modo, se abordará un Plan específico de transformación digital para pymes, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad.

5.- Ampliación de mercados exteriores para crecer.

A corto plazo se presentará el V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2025, con el objetivo de hacer frente a los nuevos riesgos y retos de la situación económica internacional, teniendo como objetivos fundamentales la recuperación de la actividad y del empleo.

A ello se sumará la labor para conseguir mayor diversificación de las exportaciones, así como la puesta en marcha de itinerarios personalizados y de programas de ayudas y licitaciones de organismos multilaterales y de formación.

De igual modo, la captación de inversiones y la disposición de financiación para acciones relacionadas con la internacionalización serán ejes clave.

6.- Financiación suficiente y adecuada a las necesidades de las empresas.

Entre las acciones que se desarrollarán se encuentra la implantación de dos nuevos instrumentos financieros -por un importe de 80 millones de euros-, destinados por un lado a financiar la competitividad y el crecimiento de las pymes y, por otro, la innovación de las compañías de Castilla y León, lo que permitirá participar inicialmente a unas 500 empresas.

Asimismo se ampliará el Plan de Crecimiento Innovador de Castilla y León puesto en marcha en 2017 con una aportación de 107,9 millones, alcanzando los 260 millones al final de la legislatura; y se incrementará en 30 millones el fondo para recursos endógenos.

Además, desde Economía y Hacienda se continuará con el mantenimiento de las medidas de liquidez a emprendedores, autónomos y pymes mediante el Programa ICE Financia y con ayudas a la inversión productiva. Este programa contará con una aportación de 32 millones para la legislatura.

Todo ello a través de la Plataforma Financiera donde además se incluyen todos los instrumentos financieros disponibles y los que se pongan en marcha. En total, en esta legislatura está prevista la financiación por parte de la Plataforma Financiera de más de 13.000 operaciones, por un importe superior a los 1.950 millones de euros.

7.- Equilibrio territorial a través de los planes de inversión, fomento y desarrollo.

Para favorecer la cohesión entre territorios se reforzarán los Programas territoriales de fomento y reequilibrio territorial. Se sigue trabajando en la ejecución de los Programas territoriales de fomento de Villadangos, Ávila, y Medina del Campo, y se aprobarán los nuevos programas para Tierra de Campos (en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora), comarcas de ‘La Raya’ fronteriza (Salamanca y Zamora), zona Este de Segovia, y zona de la Sierra de la Demanda, en Burgos. Asimismo, se promoverá la ejecución del nuevo Plan Soria Conectada y Saludable y se colaborará en el desarrollo de inversiones sobre la base del Plan Estratégico de la Mesa por León y en la redacción del Plan Territorial de Transición Justa.

A ello se suma el diseño de una Estrategia de intervención en Salamanca que aproveche todas las capacidades de la ciudad en torno al conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías; y la puesta en marcha de una plataforma de especialización sectorial en colaboración con las principales empresas agroalimentarias de Palencia.

8.- Financiación autonómica justa.

Desde el Gobierno de Castilla y León se insiste en impulsar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, pues el actual es ineficiente, insuficiente y deficitario, y ha supuesto un claro retroceso en la financiación de la Comunidad, lo que afecta de forma intensa a la sostenibilidad de las cuentas públicas. El déficit de financiación por este motivo ascendió a 1.060 millones de euros (445 euros por habitante), que tuvieron que ser financiados por la Comunidad.

Por ello se defiende una financiación justa, equitativa y suficiente. Además, desde la Junta se insiste en el diálogo institucional con el Estado y con el resto de las comunidades, además de en la necesidad de incrementar los recursos globales.

9.- Política fiscal moderada, orientada al mundo rural.

La Junta consolidará en esta legislatura su política fiscal moderada y justa, con bajada selectiva de impuestos, para favorecer a las familias, el emprendimiento y la inversión. Esta política ha permitido a Castilla y León tener los beneficios fiscales más favorables para apoyar a las familias; ser la segunda comunidad autónoma con la tarifa autonómica más baja en el IRPF; estar entre las tres Comunidades con un tratamiento fiscal diferenciado para el mundo rural; y alcanzar el cuarto lugar en el índice de competitividad fiscal de toda España.

Así, se estima que las nuevas medidas tributarias junto con los beneficios ya vigentes supondrán un ahorro fiscal superior a 2.500 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León.

Entre las medidas a tomar: la bajada de la tarifa autonómica del IRPF a todos los contribuyentes de Castilla y León, con efectos retroactivos para todo 2022 que supone una rebaja del 5,3 % del tipo mínimo de gravamen; el mantenimiento de la bonificación del 99 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre familiares directos: y medidas tributarias coyunturales para los sectores más afectados de retorno de tasas en transporte y servicios veterinarios, y medidas de rebaja de impuestos en la energía y los combustibles, entre otras.

Continuando con el desarrollo de una fiscalidad favorable al medio rural se aumentará la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos; se reducirá la carga fiscal en las transmisiones de inmuebles para negocios; y se aprobarán nuevas ventajas fiscales en el caso de transmisiones de explotaciones agrarias y arrendamientos de tierras.

Además se bonificarán las tasas generales de las licencias de pesca y caza; se creará una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF por residir de forma habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación; se aprobarán reducciones fiscales para adquirir y transmitir la vivienda habitual para los residentes en esas zonas; se implantará una nueva deducción en el IRPF por traslado de residencia por motivos laborales a un municipio en riesgo de despoblación; y se establecerán bonificaciones fiscales por actuaciones en suelo industrial y terciario.

En esta línea ya se ha iniciado el procedimiento de consulta pública del Proyecto de Ley de rebaja impositiva urgente ante el agravamiento de la situación económica. Además se solicitará al Gobierno de la Nación una fiscalidad favorable a las zonas rurales también en los tributos estatales en los que Castilla y León no tiene competencia.

10.- Eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Para seguir manteniendo las buenas prácticas en la gestión de los servicios público se garantizará que, al menos, el 80 % de los recursos no financieros sobre los que hay capacidad de decisión se dediquen a sanidad, educación y servicios sociales: se impulsará la actividad estadística pública, se continuará avanzando en la senda de reducción del endeudamiento de la Comunidad en términos de PIB; y se mantendrá el periodo medio de pago de facturas.

De igual modo, se impulsarán medidas específicas dirigidas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y el control de los consumos energéticos de la administración y la eficiencia en su contratación.

11.- Los Fondos Europeos como oportunidad.

Para seguir impulsando un nuevo desarrollo económico, social y territorial se continuará garantizando una gestión eficaz, transparente y eficiente de los Programas Operativos cofinanciados por el FEDER y FSE, con especial atención a las áreas de muy baja densidad.

Asimismo, se continuará reclamando, dentro de los fondos Next Generation EU, mayor capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales en la elección de los proyectos estratégicos, así como un reparto justo y no discrecional de estos nuevos fondos europeos.

A ello se suma el difundir las operaciones que se financien al amparo de los diferentes Fondos de la UE y canalizar los Fondos Europeos del MRR para que lleguen a las empresas.