El vicepresidente de la Junta asegura que se vigilará “muy atentamente”, con carácter general, el destino de las subvenciones que perciben estas organizaciones
ICAL
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, apuntó a Cruz Roja y Accem por fomentar y actuar como “colaboradores necesarios” de la “industria lucrativa” del tráfico ilegal de personas, al asegurar que este tipo de organizaciones se “disfrazan bajo una apariencia de solidaridad para contribuir a la venida de inmigrantes ilegales a España y Castilla y León”. Anunció que se vigilará “muy atentamente”, con carácter general, el destino de las subvenciones que perciben estas organizaciones, no solo en el ámbito autonómico, sino en el local y nacional, para “impedir que desde aquí estemos colaborando con el tráfico de personas”, dijo.
García-Gallardo hizo estas declaraciones tras su reunión con representantes del sindicato Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil), donde García-Gallardo pidió a todos los grupos políticos que se involucren para acabar con las “trampas legales” de la Ley de Asilo que impiden que se aplique correctamente la Ley de Extranjería, ya que “solo el tres por ciento de las personas que acceden de forma ilegal a territorio nacional son expulsados, donde la media de la resolución de los expedientes de asilo es de dos años”, puntualizó. Así, cuando se quiere acordar la expulsión de un inmigrante ilegal, “ya se ha consolidado el derecho a arraigo, que les permite tener el permiso de residencia en España”, añadió.
Criticó que el “papel decisivo” que desempeña Accem o Cruz Roja al “contribuir con quienes vienen de manera ilegal a España”, en pateras a las Islas Canarias, así como a otros lugares, para que todo ellos tengan “una gestoría administrativa que les prepara todo el papeleo para esquivar la aplicación correcta y ordinaria de la Ley de Extranjería en España”, aseguró.
Revisar su papel
Por ello, instó a acabar con el “efecto llamada” y “aplastar a la industria ilegal del tráfico de personas que están llevando a la muerte a muchas de ellas en el Mediterráneo”, además de “revisar muy atentamente el papel de las ONG que están colaborando en el tráfico ilegal y masivo de personas”.
El Gobierno de España podría hacer algo en el asunto, pero no lo va a hacer, ya que está aliado con nuestros enemigos externos y colaborar con nosotros en esta materia sería servir al interés general de España y vemos que está precisamente para todo lo contrario.
García-Gallardo dejó claro que Castilla y León ha sido siempre una autonomía de acogida, pero de “aquellos que quieren venir a integrarse, a trabajar y levantar una Comunidad, entre todos, mucho mejor”. Razón por la que recalcó que es “inaceptable” que algunas organizaciones obtengan un “lucro muy grande a través de subvenciones millonarias para estar colaborando con el tráfico ilegal de personas”, aseveró el vicepresidente de la Junta.
