Critican que la decisión del Gobierno se haga sin dialogar con los actores afectados y recalcan que, con ella, “se evitará fijar población en la zona”
La Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) y la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga lamentaron la declaración de impacto ambiental negativa, realizada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Gobierno, porque a juicio de las dos organizaciones “pone en riesgo la continuidad de la modernización del regadío en el Canal del Pisuerga”.
Según relatan ambos organismos en un comunicado remitido, la declaración negativa, que hace decaer el proyecto de modernización del regadío en el sector G de la Comunidad de Regantes del Pisuerga, en la provincia de Palencia, es “un duro revés” para estos agricultores ya que la modernización está aprobada desde 2017 y cuenta con consignación presupuestaria tanto del Ministerio de Agricultura como de la Junta de Castilla y León desde 2018.
Ahora, con la declaración desfavorable, “se está privando a la zona de una fuerte inversión del Ministerio de Agricultura y de la Junta en una infraestructura hidráulica modernizada” que, además, privará a los agricultores de “el proyecto de reconcentración parcelaria y de su obra complementaria a coste cero”, además de evitar que los profesionales agrarios hagan “una fuerte inversión económica para modernizar sus parcelas”.
“Se evitará con todo ello fijar población en la zona y los agricultores tendrán que seguir regando por gravedad y a manta” en las parcelas del sector G del Canal del Pisuerga, “con los efectos medioambientales negativos que esto conlleva”, por lo que tanto Ferduero como la Comunidad de Regantes señalan la divergencia que eso produce con el apellido ‘Reto Demográfico’ que porta “parte del nombre del Ministerio del que cuelga esa Dirección General” que ha emitido la declaración de impacto ambiental negativa.
Además, Ferduero y la Comunidad de Regantes del Pisuerga afean al Gobierno que no les haya notificado la resolución “de forma oficial”, y aseguran que “se podía haber dialogado con todos los actores intervinientes afectados en el proceso antes de dictar la resolución, con el fin de adaptar la superficie del proyecto a las exigencias ambientales”.
Por último, ambos organismos aseguran que la argumentación de la resolución, basada en la incorporación de nuevos regadíos, no se sostiene puesto que “la zona a modernizar integra las parcelas que han estado regándose siempre”, y piden asimismo que para futuras declaraciones de impacto ambiental “se aplique a la hora de tramitar la declaración el procedimiento simplificado y no el ordinario”.
