Tudanca afirma que es una norma “completa y ambiciosa”, trabajada con el colectivo
ICAL. El Grupo Socialista registró hoy la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ cuyo objetivo es evitar el “sexilio”, en especial en el mundo rural, y su discriminación en Castilla y León con una “ambiciosa” norma destinada a romper “un muro” en la sociedad.Como ya avanzó ayer el portavoz socialista, Luis Tudanca, este viernes se presentó en el Registro de las Cortes esta nueva proposición de ley, la tercera de su grupo en los últimos días, después de las de violencia de género y vivienda, por lo que afirmó que en este Parlamento la oposición registra más leyes que el Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco.
Tudanca, que espera que la PPL inicie su tramitación lo antes posible, también se dirigió al Grupo Popular y a la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, para advertir de que ya “no hay excusas”, porque existe una ley nacional que conlleva un desarrollo autonómico, informa Ical.
“No hay mejor manera de cerrar” el periodo de sesiones que con el registro de esta iniciativa de igualad real y efectiva de las personas LGTBI +, con su “derecho a poder ser, vivir y amar en paz y en libertad, es un sueño a perseguir”, inició el portavoz socialista la rueda de prensa.
Junto al procurador Miguel Hernández, que ha trabajado en la iniciativa junto a los colectivos sociales, afirmó que su partido entiende así la política, con propuestas que surgen desde la escucha y la colaboración con la sociedad civil, en este caso con las asociaciones y plataforma LGTBI+.
La ley tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.
Entre sus novedades, la inclusión del sexilio, que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+.
Esta norma “necesaria”, en palabras de Hernández, contiene medidas en el ámbito de la sanidad, educación, cultura, políticas activas de empleo o formación de empleados públicos, además recoge un régimen gradual de sanciones por infracciones contra la igualdad y respeto de estas personas.
En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.
También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.
Igualmente, se recogen medidas de inclusión social de las personas LGTBI+ gitanas y de otras minorías culturales, étnicas y religiosas, atención a las personas LGTBI+ migrantes y demandantes de protección internacional, protección de la diversidad familiar, políticas de fomento de la igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo, acciones en el ámbito de la responsabilidad social empresarial o integración sociolaboral de las personas trans e intersexuales.
En educación, se elaborarán programas y guías de educación sexual que traten la diversidad sexual, de género y familiar y protocolos y programas necesarios para docentes, familias y alumnado, a fin de detectar, intervenir y combatir cualquier forma de discriminación por razón de LGTBIfobia.
Se plantea incluir condiciones especiales de ejecución en la contratación pública de la Junta tendentes a promover la igualdad de oportunidades y no discriminación de personas LGTBI+ en el mercado de trabajo, junto con planes de formación a empleados públicos.
Es la tercera PPL sobre igualdad real y efectiva que registra el PSOE, después de las de 2018, junto con Podemos, Cs y Mixto, y en 2019 con Podemos. Ninguna de las dos llegó al pleno. En el primer caso, se tomó en consideración y se presentaron enmiendas, pero decayó con la convocatoria electoral de mayo de 2019. En el segundo caso, ni siquiera paso el filtro de toma en consideración por el “no” de los entonces socios de PP y Cs, que anunciaron una ley propia que nunca se presentó.
