El procurador socialista por Palencia, Jesús Guerrero, demandará mañana en el pleno de las Cortes que se proceda a transferir antes del 15 de febrero las cantidades previstas para el 2023 que aún siguen sin ser abonadas
El Grupo Parlamentario Socialista reclamará mañana en el pleno de las Cortes de Castilla y León que se proceda, antes del 15 de febrero, a transferir a todos los centros docentes públicos no universitarios las cantidades previstas para el año 2023 y que aún siguen sin ser abonadas.
Proceder, antes del 15 de febrero de 2024, a transferir a todos los Centros Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma las cantidades previstas para el año 2023 y que estén actualmente pendientes de ser abonadas.
La defensa de la PNL planteada desde el PSOE, será realizada por parte del procurador palentino, Jesús Guerrero, quien ha recordado que en el propio Régimen Jurídico de la Autonomía de Gestión Económica de estos centros educativos se establece que la Consejería de Educación, bien directamente o a través de las Direcciones Provinciales, remitirá los fondos a los centros.
Este pago deberá realizarse en dos libramientos de fondos para atención de gastos ordinarios de funcionamiento de los centros en los porcentajes fijados en las normas, que tendrán la consideración de pagos en firme y se efectuarán, con carácter general, antes del 1 de marzo y 1 de noviembre respectivamente de cada año, sin perjuicio de aquellos otros de carácter extraordinario que puedan hacerse efectivos cuando la situación lo requiera.
A pesar de esta regulación, a finales del año 2022 se conocieron quejas de responsables de centros educativos de Castilla y León sobre los retrasos en la transferencia de una parte de los gastos de funcionamiento comprometidos por parte de la administración autonómica para ese año.
En respuesta a una iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista, la Junta de Castilla y León incluía un cuadro con las fechas de los libramientos de los años 2017 a 2022 inclusive, tal y como se demandaba en la pregunta. Se explicaba que los mínimos retrasos existentes, en algún caso, habían sido para intentar mejorar la eficiencia de los recursos de la Consejería de Educación e intentar enviar el máximo importe posible. Y se contestaba muy parcialmente a la cuestión referida a las fechas de los libramientos para el año 2023.
Por tanto, las quejas de los centros respecto al retraso de los últimos libramientos anuales en el año 2022 quedaron constatadas con las fechas de la contestación de la Consejería. La consecuencia es que a los centros educativos dependientes de la Junta de Castilla y León se les complicaba de manera importante la gestión de sus gastos ordinarios puesto que los compromisos de pagos a proveedores se han tenido que posponer varias semanas. En no pocos casos se está hablando de un perjuicio añadido a pequeños proveedores locales o provinciales que tienen que esperar a cobrar por sus servicios.
A pesar de la iniciativa señalada, la Consejería no ha variado la dinámica apuntada de retrasos a final de año, puesto que el problema se ha vuelto a repetir en el ejercicio de 2023 y de forma agravada, habiéndose hecho públicas, de nuevo, quejas de los centros respecto al retraso en los libramientos previstos. Esto deja meridianamente claro que es necesario que los centros conozcan en el primer trimestre de cada año las fechas previstas para los libramientos y que conforme a ello puedan realizar su gestión económica sin sobresaltos.
Además, representantes de la comunidad educativa de Castilla y León han informado recientemente que en algunos centros se han modificado los criterios para la transferencia de los recursos económicos comprometidos para gastos de energía y funcionamiento, obligando a justificarlos previamente a recibir el ingreso correspondiente.
Esta situación, ha recordado Guerrero, está perjudicando la actividad y la planificación de los centros educativos, que necesitan certezas sobre la disponibilidad presupuestaria que tendrán cada año y las fechas en las cuales se realizarán las transferencias que deben recibir.
A la vista de estas circunstancias, desde el PSOE se pedirá también que se informe, antes del 29 de febrero de 2024, a todos los Centros Docentes Públicos no Universitarios de las cantidades asignadas para gastos de energía y gastos de funcionamiento para el presente año, que en ningún caso podrán ser inferiores a las transferidas en el año 2022.
En la PNL también se demandará que se cumpla en todos los ejercicios presupuestarios con los libramientos antes de del 1 de marzo y del 1 de noviembre de cada año y se comunique a los centros, entre los meses de enero y febrero de cada año venidero, el calendario anual de libramiento para los gastos de energía y gastos de funcionamiento precisando lo máximo posible las fechas de éstos.
