La medida llegará tras el anuncio de la Comisión Europea de llevar a España al Tribunal de Justicia Europeo por la contaminación
El Gobierno prevé aprobar un Real Decreto en 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa generada por nitratos procedentes de fuentes agrícolas, según el Plan Normativo aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
El plan normativo del Gobierno para 2022, presentado este martes por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, incorpora este Real Decreto que se dirige a hacer frente a la contaminación por nitratos.
En octubre de 2021 un informe de la Comisión Europea ubicó a España en el grupo de países de la UE con “la peor” calidad del agua en su territorio y con un “problema sistémico” para gestionar la contaminación causada por los nutrientes procedentes de la actividad agraria.
Precisamente, la Comisión Europea abrió en 2018 un expediente a España por esta cuestión y ante la falta de actuaciones suficientes y adecuadas, el pasado 2 de diciembre anunció su decisión de llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bruselas considera así que España no ha adoptado las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, a pesar de que así lo exige la normativa comunitaria y del expediente abierto en Bruselas desde 2018.
“A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva”, consideró ese día el Ejecutivo comunitario.
En su examen, Bruselas considera “insuficientes” las medidas tomadas hasta la fecha en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y reclama “medidas adicionales” para que todas ellas puedan alcanzar los objetivos fijados por la directiva sobre nitratos.
7 CCAA, ZONAS VULNERABLES A NITRATOS
Además, la Comisión reclama a las autoridades españolas que revisen la situación de siete regiones -Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana- y sigan designándolas zonas vulnerables a los nitratos.
También pide incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid.
El expediente por el que Bruselas acude ahora a la Justicia europea se remonta a noviembre de 2018, cuando los servicios comunitarios abrieron formalmente el procedimiento de infracción contra España con el envío de una carta de emplazamiento pidiendo más información.
La falta de soluciones llevó a la Comisión a pasar a la segunda fase del expediente sancionador en junio de 2020, con el envío de un dictamen motivado demandando más explicaciones y cambios en la situación, pero tampoco sirvió para resolver el litigio.
Bruselas sostiene que la directiva sobre nitratos es una de las “piedras angulares” de la legislación de la Unión Europea que afecta a las aguas y ha sido diseñada para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevos riesgos de contaminación.
De acuerdo a esta norma, los Estados miembro tienen la obligación de controlar sus aguas e identificar cuáles están contaminadas o podrían estarlo en el futuro por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Las autoridades también están sujetas a la obligación de calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.
El informe de octubre de la Comisión Europea reconoce que “algunos Estados miembros deben adoptar medidas adicionales urgentes” para lograr los objetivos establecidos en la directiva de nitratos y apunta en particular a España, Bélgica, República Checa, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, por ser los que están “más lejos” de estas metas.
La propuesta normativa para 2022 llega además en plena polémica por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico ‘The Guardian’ en las que se posiciona contra las macrogranjas por distintas cuestiones, entre ellas la contaminación ambiental.
237.000 FIRMAS LO PEDÍAN AL MITECO
Al mismo tiempo, a mediados del mes de octubre Greenpeace se concentró frente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico donde entregó 237.000 firmas que exigían la prohibición de las macrogranjas en España así como una legislación de nitratos que proteja el agua e impida su envenenamiento.
La ONG asegura que de acuerdo con los propios datos del MITECO, entre 2016 y 2019 la contaminación media del agua por nitratos se incrementó en un 51,5 por ciento. Asimismo, sostiene que este tipo de contaminación ha crecido un 75 por ciento en las aguas subterráneas a pesar de que “aproximadamente una cuarta parte del territorio y la mitad de la superficie agrícola útil son ‘Zona Vulnerable a Nitratos’.
En general, las ONG ambientales han respaldado estos días al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras su polémica entrevista al diario británico sobre la ganadería en España y las macrogranjas.
“Lo que dice el ministro Garzón tiene toda la razón. Ese no puede ser el modelo para nuestro país”, ha declarado a Europa Press el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, quien apuesta por consumir menos carne y de más calidad, como defiende el titular de la cartera de Consumo.
Según el secretario general de WWF España, el país tiene “unos problemas brutales” y “espectaculares” de contaminación de acuíferos y de ríos por nitratos. “Esta deriva es peligrosísima”, ha manifestado, al tiempo que ha señalado que la ganadería intensiva se alimenta de la soja que viene de la selvas tropicales que se están deforestando para estos cultivos.
Por su parte, la portavoz de agricultura de SEO/BirdLife, Tamara Rodríguez, manifestó que la ganadería intensiva e industrializada, “cuyo mayor exponente son las macrogranjas, genera enormes impactos ambientales y sociales ligados a la contaminación del aire, el suelo y el agua y la pérdida de biodiversidad”. “Además, la ganadería industrial causa una fuerte competencia sobre los pequeños y medianos ganaderos extensivos, que acaban echando el cierre”, recalcó
