V.A / ICAL
El Consejo de Cuentas de Castilla y León plantea una reforma normativa para dar “un nuevo impulso” a la institución y expresa su disposición a asumir nuevas competencias, como la creación de una unidad de evaluación de las políticas públicas, pero advierte de que no “a coste cero”, sino con recursos adicionales y una adecuación de la plantilla.
La propuesta del órgano externo de fiscalización, trasladada al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a los portavoces de los grupos Popular y Socialista en las Cortes, Raúl de la Hoz y Luis Tudanca, respectivamente, se recoge en la Memoria de Actividades de 2021, entregada en las Cortes de Castilla y León.
Se propone, por una parte, modificaciones en la ley para reforzar la independencia del Consejo de Cuentas y garantizar su autonomía funcional, en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos de España. Esta propuesta, como señala la Memoria, consultada por Ical, se entregó a los grupos de las Cortes en el año 2000.
Además, el Consejo de Cuentas está dispuesto a que en su organigrama esté adscrita la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, como una unidad interna. De ese modo, acepta la propuesta recogida en el estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) encargado por la entonces Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
El Gobierno de coalición de PP-Cs incluyó en su acuerdo programático de 2019 la creación de una agencia de evaluación de las políticas públicas. Así, encargó un estudio a la Airef en el que se recomienda su adscripción al Consejo de Cuentas por su experiencia en la elaboración de auditorías. Según recoge la Memoria, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró “receptivo” a la propuesta que le planteó Mario Amilivia en una reunión en octubre de 2021.
