Las autoridades activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos
La Policía Nacional identificó a dos jóvenes, menores de edad, por su presunta participación en un delito de desórdenes públicos después de que realizaran una “llamada maliciosa” al instituto Torres Villarroel de Salamanca, del que eran alumnos, amenazando con la colocación de una bomba.
Fue el pasado 10 de mayo, por la mañana, cuando se activaron los respectivos centros de coordinación de emergencias y agentes de Policía, ya que en el instituto del barrio de San José se recibió una llamada telefónica con el siguiente contenido: “Os vamos a poner una bomba”, según comunicaron a Ical fuentes policiales.
Los agentes que acudieron al lugar procedieron a acordonar la zona protegiendo las instalaciones y las personas que se encontraban en el edificio. A su vez contactaron con los responsables del centro con el fin de recabar información sobre los hechos y así poder determinar la veracidad de los mismos, así como identificaron a los autores de la llamada.
Una vez recabadas todas las pruebas y analizadas, los investigadores determinaron que los autores de la llamada habían sido dos alumnos del centro, menores de edad, los cuales llegaron a reconocer los hechos. Los agentes pusieron los hecho en conocimiento de la Subdelegan del Gobierno en Salamanca y la Fiscalía de Menores.
La Policía Nacional recordó mediante un comunicado que las amenazas de bomba suponen la activación de unos protocolos establecidos que incluyen Policía, Bomberos, Sanitarios y otro personal que realiza servicios públicos, lo cual conlleva un coste económico “muy importante”, además de “no poder acudir a prestar servicio de los requerimientos de los ciudadanos que realmente los necesitan, al estar ocupados prestando servicio en una llamada que ha sido realizada maliciosamente”.
Estas llamadas, que representan la comisión de un presunto delito, pueden ser castigadas con penas de prisión para los autores. La Ley de Protección Civil para este tipo de situaciones establece multas que van desde los 100.001 euros hasta los dos millones de euros.
