La Junta de Castilla y León ha ordenado a todas sus delegaciones territoriales la suspensión de la eficacia de todas las autorizaciones de caza de lobos en cualquiera de sus modalidades por el principio de “precaución”, dada la inseguridad jurídica que ha generado la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que uno de los efectos negativos de la norma es la “inseguridad jurídica”, ya que no regula adecuadamente una situación transitoria y no se sabe qué ocurre con las autorizaciones dadas hasta ahora.
Por ello, y atendiendo al principio de precaución, se ha ordenado a las delegaciones territoriales la suspensión de la eficacia de la autorizaciones dadas en cualquiera de las modalidades al tiempo que se ha pedido un informe jurídico sobre esta cuestión.
Sin embargo, hasta que no haya seguridad sobre cómo quedan las autorizaciones, “que son derechos concedidos a los ciudadanos”, y cuál es su situación, de momento se suspende la eficacia de las autorizaciones, ha señalado Suárez-Quiñones.
El consejero ha concretado que había autorizaciones tanto en el marco de los cupos del lobo como dentro de otras de otro tipo de caza, como por ejemplo el jabalí, en las que también se había autorizaciones para caza del cánido y “había precintos en juego”.
“Por lo tanto, todo eso que al final son recursos económicos para los ayuntamientos, actividad económica, empleo en el medio rural y además regulación de las poblaciones a favor de un equilibrio con la ganadería quedan en suspenso y ya se empiezan a producir hoy los daños derivados de la aplicación de esta orden ministerial”, ha aseverado el consejero.
