Las opas advierten de que las medidas son “claramente insuficientes” y exigen que las cuantías lleguen al menos al doble de lo previsto
La Junta de Castilla y León anunció hoy en el Consejo Regional Agrario un paquete de ayudas para el campo de unos 100 millones de euros para hacer frente a la sequía, que comprende 42 para ampliar la cobertura de los seguros agrarios y entre 45 y 60 millones para bonificar los intereses de préstamos con un periodo de amortización de cinco años. Sin embargo, las organizaciones agrarias consideraron las medidas “claramente insuficiente” puesto que sus peticiones partían de un mínimo de ayudas directas de 200 millones, que llegaban incluso hasta los 1.000.
Asimismo, las opas advirtieron que la ayuda comprometida en materia de seguros solo beneficiará a aquellos agricultores a título profesional que tengan suscrito el seguro agrario, lo que lamentaron porque deja a “muchos sin ayuda puesto que las zonas más afectadas por la sequía cuentan con un gran número de profesionales, el 60 por ciento según Asaja, que no contrata la cobertura porque “no es rentable”, según informaron a Ical desde Asaja, la alianza UPA-COAG y UCCL.
A estas ayudas directas se unen otros entre 45 y 60 millones de euros que la Junta invertirá en pagar los intereses de los préstamos de hasta 60.000 euros, que los agricultores de la Comunidad podrán adquirir a interés cero con un año de carencia y un total de cinco de amortización, algo que también se ve como insuficiente desde las organizaciones profesionales agrarias, que reclamaban dos años de carencia y que el plazo de amortización se extendiese hasta los siete años.
También, el paquete de medidas incluye la bonificación este año y el próximo de las tasas veterinarias en un 95 por ciento, con un coste estimado de 1,5 millones, y un incremento de la financiación para la suscripción de las pólizas de seguros agrarios, con un desembolso adicional de 4,5 millones.
Además, quedan pendientes otras líneas de ayudas para puntos de agua y cebaderos, así como la flexibilización de las medidas de la PAC (Política Agraria Común), con el compromiso de publicar esta semana la orden prevista. Además, garantizó que se agilicarán los pagos este año con el fin de que el 70 por ciento de la cuantía total, estimada en 600 millones, llegue a los agricultores y ganaderos el 16 de octubre.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, defendió que las ayudas presentadas al sector son lo “suficientemente importantes”, al superar los 100 millones de euros, con tres líneas sobre los seguros agrarios, los préstamos y la bonificación de las tasas veterinarias en un 95 por ciento y el aumento de la subvención de las pólizas. Además, indicó que queda pendiente “algún fleco” que se cerrará en los próximos días.
Más ayudas
El presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, afirmó que el montamente económico es “totalmente insuficiente”, porque en su caso pedían como mínimos 200 millones y se está quedando en la mitad. “No compartimos la distribución de ayudas directas, para compensar la franquicia que los seguros tienen del 30 por ciento, porque en las zonas más afectadas de Castilla y León que coinciden con la peor cosecha del año pasado, centro y sur de la Comunidad, solo el 40 por ciento de los agricultores tienen seguro”, dijo y añadió: “No es culpa de los agricultores no tener seguro, sí de Agroseguro que no lo hagan”. Por ello, rechazó esa fórmula y añadió que la correcta tendría que ser ayudas para todos los agricultores profesionales en cultivos de secano que tengan.
En cuanto a los préstamos, consideró “poco” el año de carencia y señaló que tendrían que ser dos y el periodo de amortización, de siete. Además, planteó extender la exención de las tasas ganaderas hasta los 2025. Además, indicó que esta semana va a haber reunión a nivel nacional con el Ministerio para desarrollar el reparto de los 276 millones que había de ayudas, lo que permitirá conocer cuánto llegará a la Comunidad y las condiciones. A partir de ahí, seguirán “presionando” a la administración si no van por “buen camino”: “Si hay que volver a salir a la calle, se saldrá”.
Desde UPA y COAG, su coordinador autonómico Lorenzo Rivera reiteró que son ayudas “insuficientes” para hacer frente a unos 2.000 millones en pérdidas, ya que consideró se quedan en un diez por ciento de lo que exigían. También, sobre los préstamos, demandó dos años de carencia y lamentó que los apoyos se centren en los seguros, cuando un “porcentaje alto” no los tiene. “No podemos dejarles sin ayudas”, dijo. Además, pidió un complemento especial para los ganaderos ante el “agravio comparativo” con otras comunidades como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, lo que sería otros 60 o 65 millones.
Además, destacó el compromiso de Gerardo Dueñas de reclamar en el próximo Consejo de Gobierno más fondos a la Junta para ampliar estas ayudas frente a la sequía. “Han quedado en mirarlo y darle una vuelta para darle más partida presupuestaria a esta Consejería”, dijo y agregó: “Tienen que hacer esfuerzo excepcional en un momento de necesidad dentro del campo, porque no es problema solo de Consejería sino de todo el Gobierno regional. Tiene que hacer esfuerzo especial como ha hecho Extremadura: dotar de medios para que el dinero fluya para agricultores y ganaderos en este momento difícil”.
También, Jesús Manuel González Palacín, de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), aseguró que salían de la reunión “muy decepcionados” ya que esperaban “otra cosa”. Defendió que los apoyos se dirijan en exclusiva a los agricultores a título principal y criticó que se vinculen a los seguros agrarios, lo que consideró una “tomadura de pelo”, ya que explicó que los que no los tienen es porque no les compensa. “Por supuesto, se queda corta”, dijo, la actuación de la Junta y avisó de que si no hay más dinero sobre la mesa volverán “a la calle”. “Lo hemos dicho todos”, sentenció.
Finalmente, González Palacín sostuvo que van a tener que seguir haciendo presión para que la Junta se de cuenta de que con estas ayudas es “imposible” mantener la actividad, por lo que esperan que en un plazo de 15 o 20 días tengan otra reunión y haya más dinero encima de la mesa y esté “mejor diseñado”.
