El delegado mantiene una reunión con la presidenta del poder municipal para repasar materias del municipalismo
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicasor Sen, se comprometió hoy con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, a pedir los datos de los municipios afectados por el apagón analógico y emisión de la señal de televisión mediante alta resolución.
Sen y Armisén mantuvieron este martes una reunión marcada por la cordialidad y la voluntad de ambas instituciones para trabajar y buscar las mejores soluciones siempre en favor de los ciudadanos de Castilla y León, según informa en nota de prensa la FRMPCyL.
En concreto, la también presidenta de la Diputación de Palencia trasladó al delegado la problemática de la entrada en vigor del Real Decreto, del Gobierno de España por el que a partir de mañana,14 de febrero, se modifica las emisiones de televisión e impedirá que se vean algunos canales de televisión en muchos municipios de la comunidad.
130.000 euros para mejorar los servicios de televisión digital en los pueblos de Palencia
El delegado se comprometió para facilitar los datos de todos municipios afectados por esta nueva medida que le ha solicitado, confirmaron desde la Delegación del Gobierno. Precisamente, las Cortes aprobaron a instancia del PP una PNL en la que se insta al Gobierno a financiar el coste del receptor para poder ver la televisión en municipios de sombra.
Secretarios interventores
Otro de los asuntos que traslado la presidenta y que, afecta directamente al trabajo diario de los servicios que los ayuntamientos prestan a sus vecinos, es la falta de habilitados nacionales de secretarios Interventores en nuestra Comunidad. Por ello, explica la Federación que se viene reclamando la necesidad de convocar lo antes posible esas plazas imprescindibles para el funcionamiento de los ayuntamientos.
Además, la presidenta mostró su preocupación por la Financiación Local y en concreto la incertidumbre actual, ante un escenario de reglas fiscales respecto al que no existe un marco legal que dé seguridad a los presupuestos de las entidades locales.
