La iniciativa se tramitará de forma urgente y en lectura única
Aprobada con 315 votos a favor y 33 abstenciones, la Cámara Baja da así luz verde a la tramitación de este texto, que establece, entre otros puntos, la sustitución del término ‘disminuido’ por la expresión ‘personas con discapacidad’, la obligación de los poderes públicos de “realizar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social” del colectivo, y una especial atención para los menores y las mujeres con discapacidad.
El Pleno acordó además, con 310 votos a favor, 33 votos en contra y 5 abstenciones, que la iniciativa se tramitará de forma urgente y en lectura única. De este modo, se cumplirán los plazos solicitados por PP y PSOE cuando presentaron su texto consensuado.
Una amplia delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaudió el resultado desde la tribuna, a la que los diputados se dirigieron también para felicitarlos.
Hasta mañana miércoles a mediodía se abrirá un breve plazo para la presentación de enmiendas parciales, que se votarán el jueves junto al conjunto del texto. De momento, el PNV anunció que presentará once enmiendas y Sumar, otras dos.
Para ser aprobada, la proposición de ley requiere el respaldo de tres quintos de los diputados. Después será enviada al Senado, que comenzará a analizarla el próximo 24 de enero, y donde necesita la misma mayoría cualificada.
En la defensa de la iniciativa, intervinieron el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que pidieron el apoyo de todos los grupos a este texto.
Según Feijóo, la nueva redacción del artículo 49 “es una reforma pertinente, necesaria y prometida”, y “si se ha dilatado en el tiempo fue porque algunos pretendían utilizar el debate” para promover otras modificaciones. De hecho, reclamó a los partidos “no aprovechar” este momento para “poner en cuestión la Constitución”. Esta reforma, impulsada por el Cermi, responde a “un compromiso con los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país” y a la necesidad de “acercar nuestras instituciones a los ciudadanos”, concluyó.
Por su parte, Bolaños dio las gracias a todos los diputados que apoyaron la iniciativa, en especial a los del Partido Popular. “Este es el camino: entenderse en lo que es indiscutible” y “dialogar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, dijo. “Este es uno de esos momentos que justifican una legislatura”, añadió, y expresó su deseo de que “este sea el primero” de otros consensos con el PP que permitan avances para “mejorar la vida de todos”. “Saldamos una deuda histórica con más de cuatro millones de personas con discapacidad”, porque “las palabras sí que importan”, concluyó.
Tanto Bolaños como Feijóo destacaron que “en su momento” la Constitución de 1978 supuso “un avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad” pero es preciso adaptar este artículo a los nuevos textos y a las nuevas garantías. Con esta proposición, “hacemos mejor nuestra Constitución y hacemos mejor nuestro país”, declaró el ministro.
La diputada de Vox Lourdes Méndez criticó con dureza el cambio de postura del PP a favor de la reforma del artículo 49, a la que se oponía en la pasada legislatura. “Han debido llegar a un acuerdo en diez días”, denunció, y pidió a Núñez Feijoo que “explique las razones de su nueva posición” favorable al Gobierno.
”¿Les parece digno utilizar a las personas con discapacidad para ayudar a ocultar una realidad flagrante como que se está dando un golpe constante a nuestro Estado de derecho?”, se preguntó. El Ejecutivo busca “una foto” que lo respalde “en su debilidad”, y “¿Ustedes se la quieren dar?”, prosiguió. En su opinión, resulta “una hipocresía” hablar de los derechos de las personas con discapacidad cuando este Gobierno “se opuso a tramitar la ley de la ELA” y “defiende leyes como la de la eutanasia o el aborto”.
Por su parte, el diputado José María Sánchez rechazó la petición para que la reforma se tramite “con urgencia y en lectura única”. “No es un cambio tan simple”, argumentó, y criticó que la nueva redacción establezca una protección especial para las mujeres y los menores con discapacidad, que a su juicio, resulta “discriminatoria”.
En nombre de Sumar, Lander Martínez destacó cómo esta reforma de la Constitución, “la primera de carácter social, abre el camino para el reconocimiento de nuevos derechos”, y se felicitó porque todos los grupos respaldaran la iniciativa, “salvo los especialistas en sembrar odio”. “No lo hacen porque anteponen siempre su ideología reaccionaria y machista al consenso”, recalcó.
Martínez Insistió en que, además de la cuestión terminológica, el nuevo texto ofrece una mayor protección a los derechos de este colectivo, que podrán exigir la intervención de los poderes públicos para garantizar su inclusión en entornos universalmente accesibles, garantizando una atención especial a las mujeres y la infancia con discapacidad”.
El resto de grupos abalaron la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque, con distintos matices, se mostraron críticos con la premura del trámite y con la imposibilidad de plantear otras reformas constitucionales.
Desde Bildu, BNG, ERC y Junts recalcaron la necesidad de “hacer justicia a las personas con discapacidad” y de modificar el artículo 49, pero denunciaron “otras discriminaciones” que, en su opinión, la Carta Magna también establece respecto a las lenguas e instituciones autonómicas. Pese a ello, avanzaron que no presentarán enmiendas a fin de no desvirtuar el debate.
También Noemí Santana anunció el voto afirmativo de Podemos, aunque llamó a “perder el miedo a tocar la Constitución”. “Esta es la tercera reforma. En Alemania lo han hecho ya 60 veces, y que yo sepa, la cúpula de Reichstag no se ha roto sobre sus cabezas”.
Por parte del PNV, Mikel Legarda defendió la reforma, pero criticó el estrecho margen de tiempo concedido para la presentación de enmiendas. Aún así, su grupo planteará 11 propuestas que se debatirán el jueves.
En su redacción actual, el artículo 49 de la Constitución establece que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La nueva redacción establece que “las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación”. Además, indica que “los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad” y que “estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes”. “Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”, y agrega que “se regulará la especial protección de estas personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes”.
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