En lo que va de año la Junta ha tramitado en Castilla y León 1.592 expedientes de protección y ha tutelado a 1.368 menos
Un total de 847 niños y adolescentes se encuentran en la actualidad en situación de acogimiento en Castilla y León, de los 62 que están esperando una familia, y la mitad se encuentra en una edad comprendida entre los siete y los 13 años. Además, en lo que va de año se han tramitado en la Comunidad 1.592 expedientes de protección y se ha tutelado a 1.368 menores.
Así lo indicó hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que presidió en Palencia la reunión de la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, durante la que se ha presentado el anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad.
La consejera explicó que se trata de una norma “a la vanguardia” que surge del consenso y de la necesidad de actualizar el contenido de una ley que lleva en vigor más de 20 años y que, aunque fue pionera y de referencia en el ámbito, precisa de una adaptación a los nuevos contextos y dinámicas, tanto nacionales como internacionales.
Blanco recalcó que el principal objetivo es la protección y defensa de los derechos de los 332.000 menores de 18 años que viven en la Comunidad, un 14 por ciento de su población, si bien la norma se aplicará también a aquellos que residan eventualmente en Castilla y León e, incluso, en algunos supuestos, a algunos que hayan alcanzado la mayoría de edad y que provengan del Sistema de Atención a la Infancia autonómico.
Durante el proceso de elaboración de la norma, se ha contado, además de con expertos de la administración, también con profesores universitarios y entidades del Tercer Sector de la Infancia, tales como Unicef o la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León, a las que se ha sumado el Consejo de la Juventud autonómico.
La consejera también explicó que la lay también plantea la modificación de los mecanismos de acogimiento y adopción, articulando un procedimiento más garantista y, a la vez, simplificado, que protege los derechos de los acogedores y de los menores durante el proceso.
Además, se incentiva la adopción en el caso de los mayores de 10 años, de aquellos que presentan alguna discapacidad, tienen especiales dificultades o perfiles más complejos, pero también la integración familiar conjunta de menores que sean hermanos a través de incentivos económicos y otros beneficios. Así mismo, facilita el incremento de la formación y especialización de las familias de acogida para que puedan atender a los distintos perfiles de menores, tal y como también avanzó el presidente en una de las últimas referencias a este asunto.
Ayudas al acogimiento
Con el objetivo de fomentar el acogimiento para que estos menores puedan tener un desarrollo vital en igualdad de oportunidades con el resto, la Junta ofrecerá, según se recoge en la futura ley, incentivos a las familias, como compensaciones económicas por gastos de manutención o extraordinarios, los cuales, en función de las circunstancias, podrán mantenerse una vez alcanzada la mayoría de edad.
Además, el anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia incorpora un apartado de gran relevancia para los menores en acogimiento tanto familiar como residencial y es el dedicado a la preparación para la vida independiente, que comenzará a los 14 años. El objetivo es favorecer su proceso de maduración y autonomía. En el caso de que los menores tengan algún grado de discapacidad, la norma garantiza todos los recursos necesarios para que esa transición se complete en igualdad de oportunidades.
Estas actuaciones están relacionadas con el apoyo socioeducativo, laboral y en habilidades personales y sociales, así como el aprendizaje de la autogestión doméstica. Para ello, se llevarán a cabo acciones de orientación y apoyo tales como información, motivación, resolución de problemas, asesoramiento, apoyo personal, orientación laboral, contactos con otros recursos, etc.
Otro aspecto destacable del texto es que se aborda la guarda con fines de adopción. El objetivo es que el niño o adolescente no tenga que permanecer en un centro o conviviendo con una familia distinta mientras recae la resolución judicial mediante la que se autoriza la adopción. En este mismo ámbito, se establece también el concepto de ‘adopción abierta’, a través de la que se buscan alternativas consensuadas, familiares y permanentes para dotar de estabilidad familiar a los menores.
Derechos
El principio rector que rige la norma es el interés superior del menor, orientado a la reparación de la desprotección en el mínimo tiempo posible. Precisamente, la norma está perfectamente alineada con el cada vez mayor reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derechos, los cuales establece y regula. De este modo, junto a aquellos básicos como el de la vida, la integridad personal, igualdad, identidad o libre y pleno desarrollo de la personalidad, también articula derechos de carácter social como los de educación, cultura, deporte, inclusión o disfrute de una vida sin violencia.
No obstante, el anteproyecto también otorga responsabilidad a los menores en relación con sus iguales, pues modula una serie de deberes tales como la no discriminación, el menoscabo de la dignidad de las personas y el respeto a sus familiares, compañeros de estudios o sociedad en general.
En relación con ello, se establece una regulación de la protección integral de los menores en general frente a cualquier forma de violencia y en el entorno digital, pero también fija prioridades en cuanto al amparo de los colectivos de niños y adolescentes más vulnerables.
Respecto a lo primero, se desarrollan derechos específicos a la información y al asesoramiento, a la atención integral, a la defensa de derechos e intereses durante un procedimiento judicial y a la asistencia jurídica gratuita. Después, se limita el acceso a contenidos perjudiciales y se regula de manera directa la protección de los menores en el entorno digital a través de la obligación de comunicar a las autoridades la existencia de contenidos que puedan constituir violencia contra menores, de campañas de sensibilización y de la protección de datos.
Por último, se impulsa una protección particular a los colectivos de niños y adolescentes más vulnerables, tales como quienes presentan algún tipo de discapacidad, alta conflictividad o riesgo de exclusión social, con atención especial a sus familias.
