En el caso de Palencia, se han reconocido siete
Izquierda Unida de Castilla y León solicitará ante el Procurador del Común que investigue la “magnitud” de los abusos sexuales a menores que se cometieron por parte de miembros de la Iglesia Católica en Castilla y León. El coordinador de la formación, Juan Gascón, consideró que, de este modo, “se completarían, con más testimonios, los preocupantes datos publicados en el informe que ha elaborado a nivel estatal el Defensor del Pueblo en la Comunidad”, según informó en un comunicado.
El informe del Defensor del Pueblo documenta 84 casos de abusos sexuales en Castilla y León. Encabeza la lista Salamanca con 20 casos; seguida de León y Valladolid, con 14 casos; Burgos, con 12; Zamora, con nueve casos; Palencia, con siete; Ávila y Segovia con tres, y Soria con dos. “Estas cifras son las más altas conocidas hasta ahora, ya que Iglesia Católica elaboró su propio informe en el que se reconocían muchas menos situaciones de abusos sexuales”, denunció.
Sin embargo, Gascón consideró “que las víctimas han tenido múltiples dificultades para denunciar estos hechos por la falta de apoyo, la estigmatización y el ocultamiento de las autoridades religiosas que han procurado mirar hacia otro lado en los casos de abusos sexuales”. Consideró que “una investigación del Procurador del Común brindaría el marco en el que las víctimas podrían superar los obstáculos e impedimentos que se han encontrado hasta el momento para poder denunciar a los abusadores y violadores pertenecientes a la Iglesia y a sus órdenes religiosas”. Izquierda Unida de Castilla y León explicó que el precedente del informe del Defensor del Pueblo “daría pie para iniciar la investigación en nuestra Comunidad”.
El coordinador de IUCyL también reclamó una reparación para las víctimas: “¿Qué podría pasar por la petición de perdón por parte de la Iglesia Católica y el reconocimiento de toda la sociedad, incluidas las instituciones como ocurre con otras víctimas en nuestro país?”, preguntó.
Para Juan Gascón, la investigación ayudaría también a conocer qué diócesis y órdenes religiosas de la Comunidad colaboraron en este informe y cuáles no y “qué autoridades religiosas se ocuparon en su día de prevenir o de dar una respuesta adecuada a este grave problema y cuáles derivaron el problema a otra parroquia, a otra diócesis o a otro centro educativo de órdenes religiosas”.
