José Luis Ainsúa: “Sabemos bien por lo que están pasando tras la explosión de Valladolid y nos ponemos a su disposición para asesorarles”

El presidente de la Asociación de Víctimas de la Explosión de Gaspar Arroyo en Palencia cree que “hay que ir al fondo del problema” y mejorar la seguridad de las conducciones de gas

A. Míguez / ICAL

El reloj todavía no había marcado las 6 de la mañana en aquel 1 de mayo de 2007. La vida de centenares de palentinos cambió en cuestión de segundos. En medio de un gran estruendo, una enorme explosión redujo el número 4 de la calle Gaspar Arroyo de Palencia a una montaña de escombros. El céntrico inmueble de cinco plantas se desplomó en cuestión de minutos y la onda expansiva afectó a todas las viviendas cercanas. La explosión inundó de angustia toda la ciudad. Nueve personas perdieron la vida y 34 resultaron heridas con contusiones, intoxicaciones por humo o sufrieron crisis de ansiedad. Siete de ellas tuvieron que ser trasladas a centros hospitalarios para poder ser atendidos por los servicios sanitarios ante la gravedad de las heridas.

Entre los escombros y el amasijo de hierros, los bomberos fueron rescatando los cuerpos de las víctimas en unas labores de búsqueda que se prolongaron durante días. Durante las primeras horas tras la explosión se vieron caras de angustia, incertidumbre y terror, no solo por lo sucedido, sino por lo que estaba por venir. Una trágica imagen que se repitió el pasado martes en Valladolid cuando el gas volvió a provocar una exposición que dejó una víctima mortal – una mujer de 53 años – y catorce personas heridas.

“Con lo ocurrido en Valladolid volvimos a revivir todo porque además, son casas muy parecidas, de la misma época” lamentaron desde la Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo de Palencia que saben bien el duro camino que empieza ahora para los afectados tras el impacto inicial y una vez han pasado los primeros días cuando la atención se ha centrado sobre todo en las labores de búsqueda y rescate.

Son conscientes de que el “nerviosismo y el duro golpe que supone para las víctimas a nivel emocional” dificulta todo el proceso pero es “vital”, asegura el presidente de la asociación palentina, actuar cuanto antes. “No hay tiempo que perder” insiste José Luis Ainsúa que recuerda cómo en Palencia consiguieron asociarse cuando habían transcurrido apenas cuatro días desde el trágico suceso.

Una de las ventajas que tiene el hecho de asociarse, recuerda, es que eso permite a las víctimas demandar y acudir a la vía judicial “sin coste alguno”. Pero los motivos, explica Ainsúa, no son solo económicos: “Si van por separado, son débiles y no conseguirán nada”.
Por eso, y con la intención de que lo sucedido en Palencia sirva para aprender de los errores, desde la Asociación se ponen a disposición de los vecinos afectados por la explosión de Valladolid. “Queremos ofrecerles toda nuestra ayuda y experiencia y confiamos que se pongan en contacto con nosotros para que les podamos asesorar”.

José Luis Ainsúa insiste en que el hecho de que en Palencia se creara una Asociación de Víctimas les permitió conseguir multitud de logros como, por ejemplo, el hecho de que la Junta reconstruyera las viviendas a coste cero para los vecinos, que también la Administración Regional se hiciera cargo de las rentas que tuvieron que pagar los vecinos por las casas donde se alojaron de manera provisional o ganar el juicio contra Gas Natural que se celebró más de una década después y en el que la compañía fue condenada a pagar 17 millones de euros. “Eso solo se consigue si hay unidad”.

Asociarse es el primer paso y el segundo, explica Ainsúa, es acudir a la vía penal ya que ha habido una víctima mortal. Es la única manera, insiste, de que si el Juez admite a trámite la demanda y se demuestra que ha habido falta de mantenimiento o cualquier otro tipo de negligencia por parte de la compañía, pueda haber pena de prisión para los responsables.

Jose Luis Ainsúa cree que este tipo de sucesos “ni pueden ni deben” solucionarse exclusivamente con indemnizaciones económicas: “Hay que pagarlo sí, pero no solo. También tienen que pagar por el delito y la imprudencia temeraria”. Por eso, dice, las víctimas tienen que saber cuáles son los pasos a dar siendo conscientes siempre de que se enfrentarán a grandes multinacionales con “una gran influencia y un gran poder adquisitivo”.

Más allá de las recomendaciones y los consejos basados en la propia experiencia de quienes sufrieron en primera persona una trágica explosión de tales dimensiones, desde la Asociación de Víctimas Gaspar Arroyo quieren aprovechar lo sucedido para denunciar que, pese a los años transcurridos, no se han tomado medidas reales para atajar el problema de raíz. Llevan más de una década reclamando que se cree una “bolsa económica” para que las personas que en un futuro pasen por algo así, puedan hacer frente a la situación “en un tiempo sostenido”.

Piden la no revictimización de los afectados que, en muchos casos, se ven obligados a demostrar que no son los responsables de lo sucedido teniendo también que asumir costas judiciales además del alquiler de una vivienda “tras haberse quedado en la calle”.
Otra de las reivindicaciones históricas de la Asociación es que las conducciones de gas – tanto tuberías como válvulas – sean sustituidas cada 50 años. “Antes se enterraban y se tapaban simplemente con tierra, no había ni hormigón, ni válvulas se seguridad. No estaban compuestas por una sola pieza como ahora sino por las conocidas como arandelas de tiburón que son fáciles de soltarse por la presión” explica Ainsúa y recuerda que, a todo eso, hay que sumar que las ciudades soportan una importante carga de tráfico diario, el peso a veces de camiones o incluso las propias obras que se acometen en edificios y calzadas. Todo, eso, asegura, sobre instalaciones ya envejecidas o poco seguras. “Nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Las tuberías en mal estado siguen estando debajo de nuestros pies”.

Sería importante también, y así lo llevan años reivindicando, no solo actuar sobre la red de suministro. Creen necesario que todas las viviendas de nueva construcción lleven un sistema de detección de gas para que, en caso de fuga, la caldera se cierre, suene una alarma y se ponga en marcha un aspirador previamente instalado en el techo que absorba el gas o el monóxido de carbono. Una medida de seguridad que “salvaría vidas” y que se puede instalar también a pie de calle. Consideran que ahora mismo es “viable técnicamente” dotar de detectores la vía pública para prevenir una explosión antes de que produzca.

Por eso piden también, que sean los propios Ayuntamientos los que tengan en su poder los “mapas de conducciones” para saber la ubicación exacta de las tuberías y eso pueda estar a disposición de los Bomberos o Protección civil. Ainsúa considera inadmisible que en caso de fuga “no se sepa donde está la llave general para poder cerrar el gas”. Todo recuerda, dificulta la labor de los servicios de emergencia retrasando su actuación.
José Luis Ainsúa valora eso sí, la rápida respuesta del Ayuntamiento de Valladolid para buscar una solución inmediata y alojar a las familias afectadas. Ahora, dice, y tras esa primera solución improvisada, es necesario dotarles de un lugar donde poder vivir de forma “más o menos permanente” hasta que puedan recuperar su hogar pues el proceso al que ahora se enfrentan, advierte, será largo y puede durar entre dos o tres años “en el mejor de los casos”.

Ellos lo vivieron en 2007, su pesadilla empezó, relatan, aquel 1 de mayo pero ahora, dieciséis años después, la tragedia vuelve a sacudir a decenas de familias por el mismo motivo. Por eso, y para que nada así se vuelva a repetir, las víctimas de aquella explosión “inolvidable” piden que se pongan soluciones, no solo para ayudarles ahora, sino para mejorar la seguridad de las instalaciones de gas. “Pasan los años y se sigue repitiendo lo mismo. Hay que poner en marcha medidas preventivas. No podemos seguir sumando muertos y muertos”, sentenció.