Reclaman que incremente las compensaciones en los casos de los ataques del año 2021, 2022 y hasta abril del 2023
La Alianza UPA-COAG solicitó a la Consejería de Medio Ambiente que indemnice los ataques de lobos de los últimos años a la ganadería equina de forma justa y en base a las indemnizaciones recogidas en la normativa del pasado 14 de abril y no a la anterior orden del 2019.
En un comunicado, señalaron que los ataques de lobos que se hayan producido en Castilla y León desde el 21 de septiembre del 2021 al 14 de abril del 2023 a animales equinos “tienen una compensación muy por debajo” de los ataques sufridos a partir de esa fecha de abril. Además, se da la circunstancia de que en esos casos las indemnizaciones al equino “están muy lejos del precio de mercado y son sensiblemente inferiores a los del resto de ganaderías”.
El pasado mes de abril, la Junta hizo pública la extensión de las indemnizaciones por daños del lobo al norte del Duero y la intención de hacerlo de forma retroactiva desde el 21 de septiembre de 2021, pero en base a lo dispuesto en la Orden FYM/147/2019 de 21 de febrero que recogen indemnizaciones “muy inferiores” a la Orden del 14 de abril de 2023 que establece la mejora de los baremos con la suma del lucro cesante al daño emergente de cada cabeza de ganado afectada, además de otras ayudas.
20 ataques
Los ataques de lobos a ganadería equinas en Castilla y León en estos dos últimos años han sido “muy importantes”, y sirva como ejemplo el de una explotación de raza de alta calidad como la hispano-bretona, que ha sufrido más de 20 ataques en la Montaña Palentina. En dichos casos, apuntaron que las compensaciones que se notifican a los afectados son “muy bajas, incluso ridículas”, puesto que son las que recoge la normativa del 2019, y no las compensaciones establecidas en la Orden del 14 de abril de 2023, añadieron.
Por todo ello, la Alianza UPA-COAG de Palencia reclamó al Gobierno regional que incremente las compensaciones en los casos de los ataques del año 2021, 2022 y hasta abril del 2023 ajustándolas a la normativa del pasado 14 de abril, puesto que “de lo contrario valoraremos muy seriamente respaldar la decisión de los afectados si optan por acudir a la justicia ordinaria para defender sus legítimos derechos”, aseveraron desde la Alianza.
