El Comité de Empresa de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y organismos autónomos del personal laboral de la Junta de Castilla y León exige la recuperación de derechos recortados en 2012
Los trabajadores de los centros dependientes de la Gerencia de servicios sociales, CAMP y Residencia de personas mayores Puente de Hierro de Palencia “están hartos de que se les denigre y se les trate como empleados públicos de segunda”. Así lo califica el Comité Comité de Empresa de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y organismos autónomos del personal laboral de la Junta de Castilla y León, según recoge un comunicado emitido por el sindicato UGT Palencia.
En la crisis de 2012, afirman, “se recortaron muchos de los derechos de los trabajadores públicos (aumento de la jornada de trabajo diaria, bajada y congelación de sueldo, restricción de permisos y licencias, etc.) y es ahora cuando la Junta de Castilla y León aprueba el Decreto Ley 1/2023 de 30 de Marzo en el que se reestablece la jornada laboral para los empleados públicos por el cual los trabajadores de esta Administración recuperan la jornada laboral arrebatada hace ya 11 años”.
La aplicación de la jornada laboral que reclaman los trabajadores de los servicios sociales “no afecta en ningún momento a la calidad en la atención a las personas dependientes”, subrayan. “Pero todos los empleados públicos no somos iguales, no, los maltratados trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales, estos que aplaudíais en los balcones mientras se enfrentaban sin EPIs a una epidemia mortal para cuidar a las personas dependientes, estos no tienen derecho a volver a su horario de antes de la recesión de 2012”, lamentan.
Estos trabajadores “de segunda” seguirán “con la jornada anti-conciliación que paradójicamente impone la Administración de los Servicios Sociales”, horario que les impide utilizar los servicios de “madrugadores” o “conciliamos”, entre otros, y que “llenan las bocas de los políticos que las promueven a sabiendas de que sus propios trabajadores están condenados a contratar servicios privados porque no pueden acceder a los de su propia empresa”, señalan.
Y agregan que “lo más indignante” es que, presupuestariamente, el hecho de impedir que los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales retomen los horarios arrebatados en la crisis y se les aplique una jornada diferente al resto de los empleados públicos, “tiene un mayor coste económico que recaerá directamente sobre todos los contribuyentes”.
“Esta política del desprecio continuo hacia los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales, es además de ineficaz para poder ofertar servicios sociales de calidad a los usuarios, un arma que está a punto de explotar en las manos del Señor Gerente”. Y apelan que “en la próxima pandemia se preguntará usted por qué nos hemos quedado en casa.”
