Usuarios de una residencia de la Gerencia de Servicios Sociales. / ICAL

La enfermera contaba con un contrato de interinidad de más de una década que cesó porque la plaza la ocupó otra enfermera que superó el proceso selectivo convocado

El Sindicato de Enfermería Satse consiguió que una enfermera interina que trabajaba en una residencia dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales en Palencia haya sido indemnizada por la administración autonómica al ser “cesada por ser considerada indefinida no fija”. El Servicio Jurídico del sindicato demandó en los tribunales que la enfermera interina viera reconocida su condición de indefinida no fija, lo que implicaba “ser indemnizada en caso de despido”.

En un comunicado, Satse señaló que la enfermera fue despedida después de más de 11 años prestando servicios en un centro dependiente de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia. El motivo de su cese fue la incorporación de una enfermera laboral fija que superó el proceso selectivo de la categoría enfermera convocado en diciembre de 2019.

La afectada consigue ahora que se le indemnice, por ejecución de la sentencia ganada, al ser considerada indefinida no fija, algo que el sindicato valoró muy positivamente, mientras está a la espera de que se resuelva de igual modo los casos de varias enfermeras más que se encuentran en la misma situación y que interpusieron demanda en los tribunales.

El sindicato obtuvo sentencia estimatoria en el Juzgado de lo Social Nº1 de Palencia en diciembre de 2021, en la que se declaraba a la enfermera la condición de indefinida no fija, siguiendo lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales españoles, con el argumento de que la duración extremadamente larga de un contrato (que exceda los tres años) constituye una circunstancia que por sí sola determina la conversión de una relación laboral en indefinida no fija.

Dicha sentencia fue recurrida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la sala de lo social del TSJCyL, con sede en Valladolid en enero de 2022, desestimó el recurso presentado por la administración, al ratificar y confirmar la sentencia de instancia en su integridad e imponer las costas del recurso a la parte recurrente.

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