Los sindicatos acusan a la Junta de incurrir en una “acción antidemocrática” auspiciada por VOX, desde “una ideología contraria a los sindicatos y la patronal más representativos”
UGT y CCOO exigieron hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “cumpla con la legalidad” tras el requerimiento del Gobierno central, esta mañana para reponer el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla). Se trata de un documento previo a la vía judicial. “Si la Junta no cumple con la legalidad vigente en esta materia, el Gobierno adoptará las acciones oportunas para que así sea”, recuerdan los sindicatos en un comunicad.
El pasado mes de febrero, CCOO, UGT y la CEOE de Castilla y León se reunieron en la Delegación del Gobierno con la vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para solicitar la intervención del Gobierno de España tras el anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de su intención de eliminar el Serla.
En su momento, la ministra señaló la “gravedad” de la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León, “porque supone un duro golpe al Diálogo Social y pone en riesgo la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral estatal, con la consecuente vulneración de derechos laborales”.
Además, los agentes sociales y económicos defendieron que llevan meses ejecutando acciones diversas, con visitas a diversos organismos de la UE, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar las intervenciones oportunas de dichas instituciones, así como diferentes movilizaciones y actuaciones jurídicas, con el fin de evitarlo por el “grave perjuicio que ocasionaría a los trabajadores y empresas de la comunidad”.
Hasta el momento, refrendan los sindicatos, son “numerosos” los informes recabados y publicados por el propio Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) y por los agentes sindicales y empresariales sobre los procesos resueltos por el Serla en Castilla y León y el presupuesto “necesario que han evitado que cientos de conflictos laborales llegasen a juicio”.
De hecho, UGT y CCOO acusan a la Junta de incurrir en una “acción antidemocrática” auspiciada por el “partido de la extrema derecha en el Gobierno autonómico, desde una ideología contraria a los sindicatos y la patronal más representativos y, en definitiva, contra las libertades y los derechos constitucionales, con la permisividad que les presta el PP en la Comunidad”.
Mientras esto ocurre, prosiguieron, la prestación de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje a empresas y trabajadores que lleva a cabo el Serla acumula 72 días “prestándolos sin dotación presupuestaria”. “Los agentes sociales esperamos que el presidente de la Comunidad recobre la sensatez, actúe dentro de la legalidad y, en consecuencia, dé la espalda definitivamente a la ultraderecha y gobierne en minoría”, instaron.
Según las organizaciones sindicales, “es imprescindible recuperar el Diálogo Social tripartito” y los “pactos políticos de Comunidad”, que “doten de la estabilidad política y social necesaria a Castilla y León, al contrario de lo que está sucediendo en los últimos doce meses“.
En este sentido, ambos sindicatos solicitarán a Mañueco una reunión inmediata del Consejo del Diálogo Social para tomar las “decisiones oportunas para resolver esta gravísima situación” y que se cumplan los acuerdos vigentes en torno al Serla.
