España recibirá de Europa 37.300 millones hasta 2027 para transición ecológica y digital y servicios sociales. De ellos, 870 millones contribuirán a que la transición ecológica sea justa y equitativa en zonas que hayan cerrado o tengan previsto cerrar minas de carbón, instalaciones industriales intensivas en carbono y centrales térmicas, como las provincias de La Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Almería, Cádiz y las Islas Baleares (Alcudia y algunos municipios circundantes).
Según el acuerdo de asociación entre España y la Comisión Europea del que informó este lunes el Ejecutivo comunitario en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, las inversiones se centrarán principalmente en las regiones menos desarrolladas, de forma que el 50 por cientode los fondos se asignarán a inversiones en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Canarias, por su parte, como región ultraperiférica de la UE, recibirá una asignación adicional de 673 millones para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de su lejanía del continente.
Por áreas de actuación, se invertirán más de 9.000 millones con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en la transición ecológica del país hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, climáticamente neutra y competitiva económicamente. De este importe, 1.800 millones ayudarán a España a alcanzar el objetivo de ahorro de energía primaria del 39,5% en 2030, tal como está establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España.
Al mismo tiempo, el Feder pondrá a disposición 3.300 millones para que España alcance su objetivo de producir el 74% de la electricidad a partir de fuentes renovables en 2030. El Feder también contribuirá a la prevención de catástrofes naturales y a la resiliencia ante las catástrofes tales como inundaciones, incendios y sequías.
Además, 8.500 millones impulsarán el crecimiento, la competitividad y la productividad de las pequeñas y medianas empresas a través de inversiones que promuevan la investigación y la innovación en sectores con un alto valor añadido.
Mercado laboral
Bruselas prevé 11.300 millones con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) en cohesión social y empleo. El FSE se centrará especialmente en el empleo de las mujeres, los jóvenes, las personas poco cualificadas y las personas de origen migrante, en consonancia con el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Por ejemplo, habrá incentivos al empleo que fomentarán la contratación de desempleados de larga duración y de personas pertenecientes a grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, y la conversión de contratos de prácticas en contratos por tiempo indefinido para apoyar la nueva reforma del mercado laboral en España.
Las inversiones en los servicios públicos de empleo mejorarán la elaboración de perfiles y el asesoramiento para los solicitantes de empleo, a fin de proporcionar formación adaptada de cara a la doble transición ecológica y digital, en particular para los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación (‘ninis’). El apoyo a las ofertas de educación y formación profesionales (EFP) duales también fomentará una mayor participación de los empleadores en la educación y ofrecerá mejores oportunidades de empleo para los titulados de EFP.
Más de 4.000 millones ayudarán a mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables proporcionando vías globales de integración y reforzando los servicios sociales. Alrededor de 1.000 millones se utilizarán específicamente para luchar contra la pobreza y salvaguardar los derechos de los niños a la educación y al acceso a los servicios sociales, en consonancia con la Garantía Infantil Europea. El fondo mejorará el bienestar de los niños vulnerables, por ejemplo integrando a los niños con discapacidad en la educación general y reforzando el apoyo pedagógico para prevenir el abandono escolar.
La financiación también mejorará la calidad y la eficacia de la atención primaria. Apoyará la construcción, renovación y mejora de centros sanitarios y hospitales, y permitirá a España invertir en los equipos necesarios para los cuidados especializados.
Con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), se destinarán 1.100 millones para aumentar la resiliencia de los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación en España.