El Consejo de Cuentas recomienda a la Junta de Castilla y León agilizar los pagos para aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos con motivo de la pandemia del COVID-19.
Así lo refleja el el ‘Informe de fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020’, entregado por el Consejo de Cuentas a las Cortes. Las actuaciones fiscalizadoras se han limitado al periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, hasta el 30 de septiembre de 2021.
El Consejo recomienda establecer controles para asegurar que todas ellas figuran publicadas en su Portal de Transparencia y seleccionar proyectos a financiar con base en un diseño adecuado de las metodologías para la evaluación de las distintas iniciativas, con una definición previa de objetivos medibles, y una evaluación posterior.
De acuerdo con la información comunicada, diez entidades de la administración autonómica han convocado en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se han concedido 454 millones (un 70 por ciento del importe convocado), habiéndose pagado 377 millones (un 82 por cientodel importe concedido) a 31 de diciembre de 2021.
En el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado específico de ‘ayudas COVID’, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65 por ciento de las 97 líneas de subvención. De las 27 líneas de acción previstas en el Plan de Choque para el Empleo de 11 de noviembre de 2020, 18 se han instrumentalizado a través de las ayudas o subvenciones relacionadas con la COVID-19.
El Instituto para la Competitividad Empresarial (un 36 por ciento) y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (un 14 por ciento) son las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.
El 72 por ciento del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones comunicadas como de nueva creación, siendo de este tipo la totalidad del importe concedido por cuatro de las diez entidades.
Se concedieron de forma directa 78 líneas de las 97 comunicadas, por importe de 366 millones de euros (un 80 por ciento), instrumentándose mediante acuerdo de la Junta la concesión de 43 líneas por importe de 167 millones y 35 líneas mediante una convocatoria pública.
Planificación, diseño y control
Con carácter general, los centros que han gestionado ayudas o subvenciones carecían de estudios previos específicos que apoyaran una correcta planificación, según Cuentas. No obstante, tanto el Plan de Medidas Extraordinarias, como el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León sirven como soporte, aunque con un contenido incompleto, dada la excepcional situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes y extraordinarias.
La Gerencia de Servicios Sociales y las Direcciones Generales de Comercio y Consumo (Consejería de Economía y Empleo) y de Producción Agropecuaria (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), ante la misma situación excepcional, realizaron estudios previos adicionales con el fin de analizar la situación y proceder a una correcta planificación de las ayudas, lo que muestra una especial diligencia.
Se han detectado 13 líneas de las 97, no incluidas en los preceptivos planes estratégicos de subvenciones, por importe total de 80 millones.
Los objetivos comunicados son coyunturales, al estar dirigidos a paliar las consecuencias de la pandemia, tanto desde el punto sanitario como económico y social, y están definidos de forma genérica. No se han definido objetivos para cinco líneas.
Los indicadores, cuando se definen, son “simples, numéricos y, en todo caso, de actividad, y no de impacto de la medida adoptada”. También señala que se aprecia una vinculación entre el objetivo de la ayuda y el indicador definido. Este tipo de indicadores impiden evaluar el impacto real de las medidas adoptadas y limitan su eficacia.
Cuentas precisó que en el momento de finalizar los trabajos de campo no se habían realizado informes de seguimiento de las ayudas por parte de los entes gestores para formarse una opinión sobre la continuidad o no de éstas, ni tampoco informes de control financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad.
No consta la realización de informes de evaluación por parte los entes fiscalizados. Debido a esta ausencia, la administración no puede valorar el efecto de las subvenciones comunicadas. Un 84 por ciento del importe total se convocó con el objetivo de mantener el tejido productivo de la Comunidad.
De dicho importe, se concedió un 79 por ciento,, habiéndose pagado el 76 por ciento del importe concedido a 31 de diciembre de 2021. El resto tuvo como objetivo minimizar el impacto social de la pandemia.
