La Consejería de Medio Ambiente inicia el procedimiento con el trámite de consulta previa a través del portal de Gobierno Abierto y desliga la aprobación de ambos textos de la obligación de establecer un plan anual de prevención contra incendios
La Junta de Castilla y León separará la organización del operativo de lucha contra incendios del sistema de guardias a través de dos decretos diferentes que confía en aprobar en la primera mitad de 2023, antes de que comience una nueva campaña de lucha contra el fuego.
El procedimiento para la aprobación de ambos textos se inició este pasado viernes con la publicación en el portal de Gobierno Abierto de la consulta pública previa, preceptiva en el procedimiento de elaboración de las normas de la Comunidad, que permanecerá abierta hasta las 9.00 horas del 3 de octubre para que todos los colectivos y ciudadanos interesados realicen sus aportaciones en dicho espacio de participación.
No obstante, desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico dejan claro que ambos procedimientos “no tienen que ver” con la obligación establecida por el Gobierno de España para que las comunidades autónomas realicen, en un plazo máximo de cinco meses, un plan anual de prevención contra incendios que tendrá que ser actualizado con cada nueva anualidad.
Así lo hicieron saber fuentes de la Consejería a Ical, que especificaron que el objetivo de la separación del operativo y su sistema de guardias, en la que ya trabajaban “desde antes de los incendios de este verano y de la aprobación del Real Decreto-Ley” de medidas urgentes en materia de incendios forestales, se debe a la decisión interna de “actualizar el anterior decreto de 2004, ya bastante antiguo, que mezclaba la organización del operativo y del sistema de guardias”, cuando la primera parte se refiere a “una cuestión técnica” y la segunda es relativa a un aspecto “administrativo”.
De esta manera, además, se facilita la aprobación del operativo de lucha contra incendios, y sus posibles modificaciones, con cierta celeridad, al tratarse de un documento ya exclusivamente interno, mientras que anteriormente, por la inclusión del sistema de guardias, se debía negociar con los sindicatos, algo que “se seguirá haciendo, pero ya dentro de su propio decreto”.
Tras el sometimiento al trámite de consulta pública, que finaliza el 3 de octubre, se recogerán las aportaciones y se trasladarán aquellas que se consideren relevantes a los borradores de ambos decretos. Posteriormente, se remitirán al resto de consejerías y a los colectivos afectados para que realicen sus sugerencias, se publicarán los textos con ellas y se someterán a las correspondientes alegaciones en un trámite de audiencia que se espera que esté listo a finales del presente año. Después, entre los meses de febrero y abril, en función de cómo se vayan cumpliendo el resto de plazos, se aprobarán ambos decretos.
