Los ejes son las ayudas al pago del alquiler, el aumento del parque público de alquiler y la mejora de la accesibilidad
La Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana suscribieron hoy el Plan de Vivienda 2022-2025 que contempla una inversión de 101,6 millones de euros, de los que el Gobierno aporta 78 y la Comunidad 23,7, para impulsar tres programas: la ayuda al pago del alquiler, el aumento del parque público de alquiler y los destinados a mejorar la accesibilidad.
La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, participó hoy en la firma del convenio de colaboración de la Junta y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinado a la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en un acto presidido en Madrid por la ministra, Raquel Sánchez, en el que también acudieron otras comunidades autónomas.
Castilla y León recibe un 5,4 por ciento del total de los fondos nacionales, tal y como se acordó en Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo el pasado 9 de marzo de 2022 relativa a la distribución de fondos. Dicho porcentaje coincide con el que ya obtuvo Castilla y León en el anterior Plan 2018-2021, a pesar de que, como indicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en aquella conferencia sectorial, dicho criterio debe ser revisado pues no tiene en cuenta las peculiaridades territoriales de esta Comunidad Autónoma.
Por anualidades
En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se compromete a aportar, como máximo y por anualidades, para la financiación de las subvenciones del Plan de acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Castilla y León un total de 77,92 millones, distribuido en cuatro anualidades de la siguiente manera: 18,63 millones este año, 19,38 en 2023), 19,87 en 2024 y 20,03 en 2025.
Por su parte, Castilla y León se compromete a cofinanciar actuaciones del Plan en al menos 23,69 millones con el siguiente límite máximo por anualidades: 5,58 millones en 2022; 5,92 en 2023; 6,06 en 2024, y 6,11 en 2025.
Líneas
El convenio permitirá la puesta en marcha de tres clases de programas: los destinados a ayudar al pago de la renta de alquiler de la vivienda, los destinados a lograr un incremento del parque público de alquiler y los destinados a mejorar la accesibilidad de las viviendas.
En cuanto a los primeros, Castilla y León pondrá en marcha convocatorias de ayudas al alquiler tanto para personas con escasos recursos (especialmente para los jóvenes), como para personas vulnerables por diversas circunstancias (víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y personas sin hogar) como para quienes devienen vulnerables de forma sobrevenida (por pérdida repentina de empleo).
Al respecto, la Junta destacó su apuesta por los jóvenes y el medio rural por lo que se convocarán ayudas al alquiler que permitan sufragar hasta el 75 por ciento de la renta de alquiler para aquellos jóvenes menores de 36 años que apuesten por implantarse en el medio rural (municipios de menos de 10.000 habitantes). Se trata de una apuesta que implicará aportar una parte de fondos propios, pues en el marco del Real Decreto sólo se llegaría a subvencionar hasta el 60 por ciento del alquiler.
Parque de Alquiler
Respecto de los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en marcha de varios programas que o bien permitirán la adquisición por las administraciones públicas de viviendas existentes para pasar a integrarlas en el parque público de alquiler social, o bien financiarán la puesta a disposición de viviendas en favor de las administraciones para que estas puedan destinarlas a alquiler social.
Finalmente será objeto también de implantación el programa de mejora de la accesibilidad de las viviendas y cuya pretensión es mejorar las condiciones de habitabilidad para quienes necesiten acometer obras de reforma relacionadas con las barreras arquitectónicas (ascensores, salvaescaleras, rampas, etc.).
A partir de la firma de hoy, la Comunidad Autónoma estará en condiciones de convocar, para la ejecución de la totalidad de los fondos convenidos -101,6 millones de euros-, las correspondientes líneas de ayuda o suscribir acuerdos bilaterales de la comisión de seguimiento del convenio previos a la concesión directa de subvenciones.
Bajo el formato de convocatoria se ejecutarán los programas de ayuda al alquiler, sea éste el programa general o los específicamente dirigidos a jóvenes, víctimas de violencia, desahuciados, personas sin hogar, otras personas especialmente vulnerables y vulnerables sobrevenidos, así como el programa de mejora de accesibilidad de las viviendas. Y, bajo el formato de acuerdo en comisión bilateral de seguimiento, el resto de los programas que van dirigidos al incremento del parque público de alquiler.
Cambios
La principal diferencia entre el plan actual y el anterior consiste en que el actual ya no contiene programas de regeneración y renovación urbanas al haber pasado todos estos programas a ser financiados con los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tanto los referidos a la mejora de la eficiencia energética como los destinados a la renovación de barrios (las anteriores Áreas de Regeneración Urbana, hoy Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada). Esto hace que el Plan actual pueda caracterizarse como un plan centrado casi en exclusiva en el alquiler, particularmente en favor de los más vulnerables.
La suma de los fondos del Convenio del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 -101,6 millones de euros- con los previstos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -240,3 millones de euros- supone que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha de gestionar para su política de vivienda de los próximos años, en el marco de estos dos escenarios, de alquiler por un lado, y de rehabilitación por otro, fondos por importe de 342 millones de euros.
