El aire contaminado afectó en 2021 a toda la población de Castilla y León y a tres cuartas partes del territorio castellano y leonés en la Meseta y la Zona Sur y Este, según un informe de Ecologistas en Acción, que toma como referencia los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea.
Con todo, el documento, recogido por Ical, indica que durante 2021, la calidad del aire en España y Castilla y León mantuvo la “mejora sustancial” ya observada durante 2020, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década.
Ecologistas en Acción señala que los factores esenciales para explicar la mejoría de la calidad del aire durante 2021 son la restricción general de la movilidad y la contracción económica derivadas de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19. Además, el cierre de las centrales térmicas de carbón del norte de León y Palencia “también contribuyó a la disminución de las emisiones”.
La organización constata que el ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor extensión y afección a la población. Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población castellana y leonesa. Todas las estaciones urbanas de Castilla y León excedieron las nuevas recomendaciones de la OMS para el NO2.
Sin embargo, si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, 243.000 personas (el diez por ciento de la población) viven en la única zona donde alguna estación de medición superó los límites legales de ozono (Montaña Sur de Castilla y León). La estación El Maíllo, en la Zona Sur y Este de Castilla y León, superó el objetivo legal para la protección de la vegetación establecido para el ozono.
El informe expone que la estabilidad atmosférica primaveral activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. Asevera que el invierno en cambio resultó “inestable y húmedo”, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicos de esta estación (NO2 y partículas). Además, constata que el relativamente moderado calor estival “contribuyó al descenso del ozono, pese a la intensa ola de calor de mediados de agosto”.
Ecologistas en Acción recuerda que los planes de mejora de la calidad del aire son obligatorios según la legislación vigente, pero “en muchos casos no existen y en otros son inefectivos por falta de voluntad política”. En este sentido, denuncia que la Junta de Castilla y León ha aprobado un plan de lucha contra el ozono único para toda la Comunidad, que “carece de medidas detalladas, programadas y presupuestadas”.
Asimismo, comenta que la Ley de Cambio Climático obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sin embargo, “las ciudades de Castilla y León no están declarando estas zonas, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para su implantación”.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 45 situadas en Castilla y León.
