El plazo de presentación de solicitudes para las becas del curso 2022-2023 termina el próximo jueves, 12 de mayo
”Las becas son una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las políticas educativas prioritarias de este Gobierno”
- En el presente curso, el Gobierno de España ha concedido en Castilla y León 23.500 becas no universitarias y 20.515 becas a alumnos que estudian en universidades de esta comunidad autónoma
- La delegada del Gobierno ha señalado que el verdadero problema de España es el abandono temprano de la educación-formación que es el más alto de la Unión Europea
- Sobre evaluación y promoción, lo que se pretende con la nueva Ley Orgánica es “dejar la decisión de si se debe pasar de curso o no a los docentes, que son quienes más saben”
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha recordado esta mañana que el plazo de presentación de solicitudes para las becas del curso 2022-2023 termina el próximo jueves, 12 de mayo. Este año, la convocatoria se adelantó cuatro meses con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas. Habitualmente el periodo de solicitud de becas se abría en pleno verano.
Los estudiantes deberán pedir estas ayudas aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación. Se les solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante.
En España se han recibido ya, desde el 30 de marzo, fecha en la que se inició el plazo de solicitud, unas 985.000 de las cuales casi 52.000 corresponden a Castilla y León. El año pasado se presentaron 33.000 solicitudes de becas universitarias y 30.000 de becas no universitarias en Castilla y León.
Para la delegada del Gobierno, “las becas y ayudas al estudio son una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las políticas educativas prioritarias de este Gobierno de España. En los últimos cinco años, el presupuesto destinado a ellas ha aumentado un 45%: de 1.472 millones en 2017-2018 a 2.134 millones en 2022-2023”.
Barcones ha insistido en que “el Gobierno asumió en 2018 un compromiso firme con la dimensión social de la educación y con el impulso de una política de becas que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos, asegurando así la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades”.
La delegada ha señalado como novedad que “la convocatoria para el próximo curso en estudios universitarios incluye la reducción de la calificación requerida para la obtención de una beca para cursar másteres no habilitantes. Bastará una nota media de cinco puntos para la obtención de dicha beca en lugar de siete puntos”.
Reforma del sistema de becas
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades anunciaron su propósito de reformar en profundidad el sistema de becas y ayudas al estudio para conseguir los objetivos de este Gobierno.
Así, en los últimos años se han introducido cambios sustanciales como la modificación de los requisitos académicos para que la nota de acceso a estas ayudas sea un aprobado. También se elevó el umbral 1 de la renta hasta prácticamente equipararlo con el de la pobreza, se han incrementado las cuantías fijas en 100 euros y la de la beca básica de FP Básica en 50 euros.
Junto a estas reformas, que han permitido no solo aumentar el número de estudiantes que reciben una beca sino también las cuantías de las mismas, se han ampliado los colectivos con derecho a las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que ahora son cinco: discapacidad, altas capacidades, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista (incluido en la convocatoria 2020-2021) y trastorno grave de la comunicación y del lenguaje (incluido en 2021-2022).
Según Barcones, “los más de 2.100 millones de euros presupuestados este año para becas servirá, como ya ocurriera -incluso en mayor medida- el curso pasado, para cubrir la entrada de nuevos becarios con motivo de la caída de las rentas derivada de la pandemia. Según nuestras estimaciones, estas ayudas llegarán en España a 200.000 estudiantes más que hace cuatro años. Estamos hablando de alrededor de 980.000”.
Los datos provisionales del curso escolar en el que nos encontramos, el 2021-2022 indican que los alumnos no universitarios que recibieron beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Castilla y León superaron los 20.000. En Soria fueron casi 600. El importe recibido es de 33,5 millones de euros en el total de la comunidad autónoma y por encima de un millón de euros en Soria.
A estos, hay que sumar otros 3.400 becarios con necesidad específica de apoyo educativo que tienen asignados otros 4 millones de euros en Castilla y León. En este caso, son 112 alumnos de Soria que cuentan con un apoyo de 88.000 euros.
En cuanto a los niveles universitarios hay 20.332 becarios en las universidades de Castilla y León de los cuales 6.112 son de la Universidad de Valladolid que cuenta con campus en Soria. En este caso, no se pueden aportar todavía datos relacionados con el importe de la convocatoria de becas de carácter general de los niveles universitarios ya que, a día de hoy, no se dispone de los importes de las becas de matrícula que serán compensadas a las universidades. Una vez cerradas sus bases de datos, las universidades comunicarán estos datos.
En el curso 2020-2021, un total de 21.272 becarios universitarios de Castilla y León recibieron 68 millones de euros y 19.947 estudiantes no universitarios recibieron 30,6 millones en becas.
Alta inspección de educación
La delegada del Gobierno ha estado acompañada en la rueda de prensa en la que ha ofrecido estos datos por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y por el director del Área Funcional de la Alta Inspección de Educación en Castilla y León, Santiago Esteban Frades, lo que ha dado paso a respuestas referidas a las competencias en materia de Educación.
Santiago Esteban ha señalado que “la Constitución española establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de normas básicas para el desarrollo del artículo 27, el que se refiere al derecho a la educación, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”.
La delegada del Gobierno ha sido muy tajante al señalar que “las comunidades autónomas tienen que cumplir lo que regulan los Reales Decretos sobre evaluación y promoción que ordenan las enseñanzas mínimas en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria puesto que tienen carácter básico y se dictan al amparo de las competencias que atribuye al Estado la Constitución española”.
La Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en esta materia y, si no se cumplen los aspectos básicos del currículo, ha recalcado Barcones, “se recurrirá la norma de la Junta de Castilla y León que los incumpla. Como es lógico en un Estado de derecho”.
“Creo firmemente”, ha añadido, “que es necesaria la cooperación entre las administraciones educativas de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para desarrollar competencias tan importantes como la Educación. El Gobierno de España siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar”.
Por su parte, Santiago Esteban ha añadido que “la ciudadanía tiene que saber que la propuesta regulada sobre evaluación va en consonancia con las políticas educativas de la Unión Europea, sobre todo en el tema de las competencias clave, así como con los informes PISA y las propuestas de la UNESCO. El concepto de evaluación global, continua y formativa en la enseñanza obligatoria no es, ni mucho menos, nuevo”.
Y con respecto al currículum y a las enseñanzas mínimas, han manifestado que lo importante es saber cuál es el papel del Ministerio, cuál es el papel de las comunidades autónomas y cuál es el de los centros educativos.
A juicio del responsable de la Alta Inspección de Educación, “se quiere hacer ver que la legislación del Ministerio impone taxativamente lo que tienen que hacer los centros educativos, y no es así. El Ministerio se limita a publicar la norma que sirve de marco al currículo, al conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. Pero luego lo tienen que desarrollar las comunidades autónomas, que tienen una competencia de desarrollo del currículo del 40%, que pueden interpretar de manera diferente”.
“No quiero decir”, ha señalado, “que necesariamente tengan que añadir un 40% de contenido. Pueden especificar o hacer énfasis en algunas de las cosas que se señalan como enseñanzas mínimas”.
Las enseñanzas mínimas tienen un nivel de generalidad mayor y a veces se les achaca no contener cosas concretas. No es su función. Su función es servir de marco para eso que las comunidades tienen que hacer, que pueden bajar o detallar cuanto quieran. Algunas lo harán de manera más amplia porque consideran que hay que dejar un papel a los centros y docentes, que, según la delegada, “es nuestra intención última, pero otras pueden sentir la necesidad de acotar más. Son opciones legítimas, pero siempre dentro del marco básico que define para todo el país el Gobierno central”.
Barcones ha indicado igualmente que “se habla torticeramente de la cultura del esfuerzo y de que se pretende regalar aprobados. Nada más lejos de la realidad. Lo que se pretende es dejar la decisión de si se debe pasar de curso o no a los docentes, que son quienes más saben”.
Sobre que solo se pueda suspender una vez por etapa, la representante del Gobierno de España en Castilla y León ha recordado que “eso está basado en la convicción –no solo de este Gobierno, porque también existe en los países de nuestro entorno– de que repetir por sí mismo no soluciona los problemas. En España, el problema es el del abandono temprano de la educación-formación. Ahí sí estamos a la cabeza de la Unión Europea. En hombres, este abandono temprano supera el 20% mientras que en la Unión Europea no llega al 12%. En mujeres, dejan de estudiar casi el 12% mientras que la media de la UE es del 8%. En ambos casos, nuestros porcentajes son los más altos de la Unión Europea”.
El abandono temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación.
