El CES aprueba por unanimidad el dictamen por el que se establecen las normas de aplicación de la PAC
El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este miércoles en su sesión plenaria por unanimidad el dictamen acerca del Anteproyecto de Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC).
En concreto, en sus observaciones, el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral ha destacado que la PAC reconoce de forma efectiva la reivindicación sindical de utilizar estas ayudas para garantizar una mayor concienciación de los beneficiarios de las ayudas en cuanto a las normas de empleo y protección social.
CCOO ha valorado “positivamente” en un comunicado que este dictamen haya destacado esa vinculación de las ayudas de la PAC al respeto a los derechos laborales.
Además, ha recalcado que el dictamen haya subrayado los elementos de condicionalidad social de la PAC y que las ayudas agrarias deban vincularse al cumplimiento de la legislación laboral y se prevea, además, que los beneficiarios de ayudas sean sancionados administrativamente si incumplen los requisitos relativos a las condiciones de trabajo y empleo, para lo que el CES pide mayor concreción para garantizar la máxima seguridad jurídica tanto para trabajadores como para las empresas del sector.
El dictamen aprobado reclama que se haga una llamada a establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información automática entre los organismos pagadores de la PAC y las autoridades, tanto estatales como autonómicas, con competencias para velar por el cumplimiento de las normas laborales aplicables, en particular con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Al respecto, CCOO ha resaltado “favorablemente” que el CES haga un llamamiento expreso al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para abrir un marco de consultas con las organizaciones sindicales y empresariales para concretar los reglamentos en los que se establezcan las condiciones en las que se debe definir la regulación de los requisitos de cumplimiento de la legislación laboral y, en su caso, las sanciones sobre las ayudas agrarias en caso de incumplimiento.
