El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que la intención del Gobierno autonómico es poner en marcha el pasaporte COVID, para lo que está a la espera de las conclusiones del informe con las conclusiones de la última reunión del comité de expertos y trabajan con los servicios jurídicos que se elevará al Tribunal Superior de Justicia.
“Nosotros ya les hemos dicho que nuestra intención inicialmente es intentar restringir todas las limitaciones a aquellas personas que voluntariamente han decidido situarse en la zona de mayor riesgos, que son los no vacunados”, ha señalado Igea en referencia al análisis en la Comisión de Salud Pública del posible cierre de hostelería a las 23.00 horas en caso de riesgo medio y alta presión hospitalaria.
En este contexto, Igea ha reconocido que la situación es preocupante y la comisión de expertos de Sanidad ha analizado las ventajas e inconvenientes del pasaporte COVID y se va a trasladar a los servicios jurídicos y ver en qué lugares y en qué condiciones se adoptaría esta situación.
El vicepresidente de la Junta ha advertido sobre el problema que hay con el pasaporte COVID en cuanto a la sensación de “falsa seguridad” que puede generar y provocar así un efecto “no deseado” porque la vacunación protege pero los vacunados también contagian y en algunos lugares de Europa se ha producido un pico importante después de la puesta en marcha de este certificado.
