Varios centenares de delegados del Área Pública de Comisiones Obreras en Castilla y León de las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía -FSC-, Enseñanza -FE- y Sanidad y Sectores Sociosanitarios -FSSS- se han concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno para exigir mejoras en sus derechos laborales.
Junta a una pancarta en la que se podía leer ‘Última hora. Seguimos luchando por tus derechos’, los manifestantes, procedentes de todos los rincones de la Comunidad, han advertido de que no van a cejar en sus exigencias hasta que se les devuelva “lo arrebatado” y consigan mejorar la coyuntura que viven en la actualidad.
Según ha informado el sindicato, el objetivo de esta nueva jornada reivindicativa es recuperar lo que quitado a los empleados públicos durante la crisis económica “y todavía no recuperado”, como el poder adquisitivo de los salarios, la estabilidad en el empleo público, la jornada de 35 horas, ofertas de empleo público o la negociación colectiva en los diversos ámbitos.
En el transcurso de la movilización se ha procedido a la lectura de un manifiesto reivindicativo a cargo de Elena Calderón, portavoz del Área Pública y secretaria de Enseñanza. Acompañada por las otras dos responsables del Área, Ana Fernández de los Muros (FSC) y Ana Rosa Arribas (FSSS), han registrado además sendas cartas dirigidas a los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, y ante la ausencia de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones –tenía un acto institucional en Cervera de Pisuerga (Palencia)–, han entregado otra carta al secretario general de la Delegación, Javier Pérez Blázquez.
CCOO ha explicado asimismo que estas movilizaciones suponen el “pistoletazo de salida” a una “campaña más amplia” en la que el sindicato va a pone el foco en la necesidad de aumentar el gasto público en los servicios públicos y de lograr mejoras en las condiciones laborales de los más de tres millones de empleados del sector, unos 170.000 en Castilla y León.
El sindicato pide recuperar el gasto social anterior a la crisis y garantizar los derechos de la ciudadanía “que la austeridad extrema empeoró, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros”.
También recrimina al Gobierno el incumplimiento de los acuerdos de empleo público y exige resolver las materias pendientes correspondientes al II Acuerdo para la mejora del empleo público de 2018 y, más recientemente, de 5 de julio de 2021, que incluye la negociación de un III Acuerdo bianual para seguir mejorando el empleo público y las condiciones de trabajo y salariales.
