Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha han puesto en común un informe en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para Teruel, Cuenca y Soria, al amparo de las Directrices de la UE sobre ayudas estatales de finalidad regional
El documento, que ha sido remitido al Gobierno de España, facilita la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. Se culminaría así el trabajo que los tres gobiernos autonómicos llevan haciendo desde hace meses para que sean realidad estas bonificaciones.
La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.
El documento enviado al Gobierno pone de manifiesto que este régimen propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción. De esta forma, se crearía o se mantendría empleo en estos territorios, frenando así su creciente despoblación.
REDUCCIÓN DE GASTOS CORRIENTES
De este modo, según el informe elaborado por una consultora, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6 %, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20 % de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,30 %, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20 % de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.
Las ayudas se establecerán con carácter vitalicio, en tanto en cuanto sean compatibles con la normativa europea. No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona. Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.
Entre los requisitos de los beneficiarios se encuentra su incorporación efectiva al Sistema RED, de remisión electrónica de datos, o hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda.
