El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la recuperación de la prestación presencial del servicio público por parte de los empleados públicos a partir del 1 de octubre, dentro del marco actual de evolución favorable en los últimos meses de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Este acuerdo deja sin efecto, por tanto, lo establecido en el Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad con motivo de la COVID-19.
La presencialidad en la Administración, que se ha compatibilizado con la prestación de trabajo en remoto, recupera una situación anterior a la pandemia, teniendo en cuenta que, salvo excepciones, la práctica totalidad de los empleados públicos tienen la pauta completa de vacunación.
En este sentido, el acuerdo contempla la necesidad de compatibilizar las normas aplicables de protección a la salud de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones a través de principios y medidas preventivas, así como de la puesta a disposición de información suficiente y actualizada sobre las medidas que se implanten.
Este acuerdo, que ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos, es de aplicación al personal que preste servicios en la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y en los Organismos Autónomos dependientes de esta, y están excluidos, debiendo atender a la organización propia de cada consejería, el personal que preste servicios en los centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud, los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y los centros de servicios sociales dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.
La Consejería de la Presidencia agradece a los empleados públicos su compromiso y disposición permanente para garantizar la correcta prestación de los servicios, especialmente durante los momentos más difíciles de la pandemia, tanto de forma presencial como de manera telemática, acreditando así la capacidad de los profesionales que conforman la Administración de Castilla y León.
